El PSOE recuerda al PP que el incumplimiento de la ley supone “un coste añadido de 200.000 euros por hectómetro cúbico consumido”
El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha trasladado esta mañana en sesión plenaria la “terrible situación” que soportan los agricultores almerienses y andaluces que consumen agua desalada a quienes el Gobierno de Mariano Rajoy “viene discriminando en relación a los agricultores de otras partes de España que consumen agua desalada” a quienes “sí les bonifican el agua desalada”, ha subrayado Sánchez Teruel.
Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha instado al Gobierno del PP “a hacer cumplir la ley” y a incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida para bonificar el consumo del agua desalada de los agricultores. El Gobierno de Rajoy –ha recordado el líder de los socialistas almerienses- “aprueba una ley en la que dice que el precio de agua desalada tiene que tener una subvención que garantice que sea de 0,3 euros el metro cúbico” pero, al contrario, el Ejecutivo “no aplica la ley” y esta situación, ha dicho, está perjudicando a más de 14.000 agricultores de la provincia “por este trato injusto”. El PSOE “ha hecho lo que tenía que hacer, situarse del lado de los agricultores para que se incluya una enmienda en los PGE que contemple una partida que permita cumplir con la ley y bonificar el precio del agua desalada”, ha defendido y ha lamentado el hecho de que “no aplicar la ley supone que cada día que pasa tiene un coste adicional para los agricultores de más de 200.000 euros por hectómetro cúbico consumido”.
“Andalucía necesita que el Gobierno y el PP, y quienes vayan a aprobar los Presupuestos Generales del Estado se sitúen del lado de los agricultores”, ha concluido.
Por su parte, en respuesta a Sánchez Teruel, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido de nuevo al Gobierno central que “cumpla la ley que ellos mismos han aprobado” de medidas contra la sequía, que abre la puerta a la posibilidad de bonificar el coste del agua desalada para que su precio no exceda de 30 céntimos el metro cúbico, algo que ya se hace en Murcia y Alicante pero de lo que no se beneficia Andalucía. “Para los que compiten contra nuestros agricultores, sí se bonifica el agua desalada; para los agricultores andaluces, no”, ha criticado Sánchez Haro, quien ha lamentado que la propia ley se marca el objetivo de “establecer con carácter urgente un plan de choque de la desalación para un Mediterráneo sin sed”, pero que a la hora de la verdad parece que “el Mediterráneo para Mariano Rajoy empieza en Murcia”.
En esta línea, ha lamentado que el Ejecutivo central “ha dejado sin efecto y sin presupuesto” su propia ley, pese a que tiene pendientes de ejecutar en Andalucía numerosas obras hidráulicas que son de su competencia, ya que están incluidas en el Plan Hidrológica Nacional. Estos proyectos ni tan siquiera cuentan todavía con partida presupuestaria, pese a que se trata de inversiones que requieren “cientos de millones de euros”.