Impulsada por la Plataforma de Infancia y firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy en el Registro del Congreso, junto al resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, una Proposición no de ley impulsada por la Plataforma de Infancia, para la elaboración de un Pacto de Estado por la Infancia, “que impulse un sistema de protección suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos de todos los niños y niñas.
La portavoz socialista de Infancia y Adolescencia, Sonia Ferrer Tesoro, ha señalado que esta iniciativa está “en consonancia con el compromiso del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez de que ésta sea la legislatura de la Infancia; de colocar la infancia y la lucha contra la pobreza infantil en la agenda política”. Para la portavoz socialista las políticas de infancia son “un asunto de Estado”. En su opinión, “las políticas de recortes del PP durante la crisis han incrementado la desigualdad hasta alcanzar datos insoportables, y han azotado con especial virulencia a las familias con niveles de renta más bajos, perjudicando particularmente a las familias con hijos e hijas”, llevando a una verdadera situación de “emergencia social”.
Este Pacto –que recogerá y desarrollará las demandas de las organizaciones sociales y las recomendaciones de los organismo internacionales y contará con la participación de niños, niñas y adolescentes- “debe suponer un compromiso real hacia la protección a la infancia, estableciendo compromisos de inversión presupuestaria específicos”, explica Sonia Ferrer Tesoro.
Así, en materia de inversión, la iniciativa reclama un compromiso de incremento progresivo de la inversión en infancia hasta alcanzar la media europea. En concreto, se contempla la implementación progresiva hasta 2022 de una nueva prestación económica directa de 1.200 euros anuales para los niños y niñas en situación de pobreza. Se trataría de una prestación no contributiva con cargo a la Seguridad Social y que será compatible con la actual prestación por hijo menor de edad con una discapacidad mayor del 33% y otras ayudas sociales y educativas dirigidas específicamente a los niños y niñas. Beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18% y las de pobreza infantil severa en un 30%.
También se contemplan medidas educativas, como el aumento progresivo de la oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, a través de una cooperación entre el Estado y las CCAA para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas publicas en escuelas infantiles, que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos. De esta manera la tasa de escolarización en educación infantil se situaría en el 40,26%.
Además, se propone ampliar la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44% del PIB en 2022, especialmente en las etapas obligatorias y postobligatorias no universitarias. Asimismo, se revisarán los criterios de concesión para que el alumnado por debajo del umbral de la pobreza tenga derecho a las máximas cuantías y que éstas sean suficientes para cubrir los costes educativos.
El Pacto de Estado deberá contemplar también destinar recursos a fortalece la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país para garantizar la correcta implementación de los cambios que introdujo la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.