Juan Carlos Pérez Navas, senador del PSOE de Almería
El Presupuesto andaluz irrumpe en la campaña electoral del 10N. Además de ratificarse el desacierto y los resultados negativos del que aún está en vigor ahora, las tres derechas, quieren imponernos un presupuesto peor que el anterior en el que la presión fiscal se sube, principalmente, a las clases trabajadoras para volver a bajar los impuestos a los más ricos dejando aquella promesa de campaña de bajada masiva de impuestos de Juanma Moreno en bajada masiva, sí, pero para los más ricos y por segunda vez.
Que no nos engañen. El presupuesto está pactado con sus socios de Ciudadanos y de Vox, aunque se nos haga tragar con algún espectáculo teatral de tensiones que, en todo caso, lo empeorarían convirtiéndolo en el más de derechas de la historia y que puede hundir nuestra economía regional. De hecho, ya hay signos de alarma por el ritmo de crecimiento económico y por la menor creación de empleo que conocemos de los últimos meses.
El presupuesto andaluz se puede calificar de injusto e insolidario, porque sube la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras y porque vuelve a bajar los impuestos a las grandes fortunas. Además, frena la creación de empleo y castiga con más recortes a la sanidad y a la educación públicas que ya salieron muy tocadas del presupuesto en vigor. Las tres derechas han contribuido a un deterioro notable de los servicios públicos en nuestra comunidad, además de dejar de dar prioridad a las políticas sociales y dando pasos hacia atrás en igualdad.
La excusa para haber planteado un mal presupuesto no puede ser la financiación autonómica, como querían hacernos ver desde el Gobierno de la Junta PP y Ciudadanos que, finalmente, se han puesto en evidencia y se han encontrado sin argumentos para sostener esta falacia sobre las entregas a cuenta del Gobierno de Pedro Sánchez. Las comunidades autónomas son las responsables de los recortes de su presupuesto y, aquí, en Andalucía, el Gobierno de las derechas no tiene sensibilidad en la prestación de los servicios públicos fundamentales para la ciudadanía. Pero, además, el Ejecutivo socialista ha hecho todo lo posible para que las entregas a cuenta lleguen a las comunidades, porque somos conscientes de la importancia de la prestación de servicios públicos y se trata de que las regiones dispongan de los recursos que le corresponden algo que, por cierto, nunca consiguió hacer el PP de Rajoy en sus 7 años de Gobierno en los que, sistemáticamente, se incumplía con las comunidades este compromiso.
El espectáculo continúa por parte de un Gobierno andaluz débil, ausente y que basa su ineficacia en la confrontación como la reprobación de la Ministra Montero o como que Moreno Bonilla se entrega a Cs y a Vox que no votaron a favor del pacto que exigía 4.000 millones para Andalucía y que fue aprobado en el Parlamento de Andalucía con su voto en 2018 olvidándose de esa reivindicación y sin dar ni la más mínima explicación en un acto de falta de transparencia y de coherencia a los que ya nos tiene acostumbrados este gobierno trifachito.
Se desconocen los datos de ejecución del presupuesto anterior, las cuentas no se han trasladado a sindicatos y organizaciones sociales porque, quizá, escondan incumplimientos en materia de compromisos adquiridos con los empleados públicos y porque existan nuevos recortes en ámbitos sociales para deteriorar más aún nuestra red pública de colegios rurales, de centros de salud, de atención a la dependencia o de políticas contra la violencia de género.
Este presupuesto refleja fielmente lo que hace la derecha cuando gobierna y sirve para poder comparar en este periodo de elecciones las grandes distancias entre un presupuesto que trata injustamente a las clases medias y trabajadoras y que recorta incumpliendo todas y cada una de las promesas que se dijeron en campaña como la de la creación de 600.000 empleos. Igualmente, contrasta, y mucho, con las medidas y el presupuesto que, por ejemplo, presentó un Gobierno de izquierdas como es el de Pedro Sánchez, que reforzaba los servicios públicos, mejoraba la situación castigada de los empleados públicos, generaba empleo y oportunidades para jóvenes, autónomos y mujeres con políticas de cohesión social y que atienden los retos de la sociedad actual.