Rodrigo Sánchez Haro, parlamentario andaluz por el PSOE de Almería
Valiéndose de la necesidad y de la esperanza de decenas de miles de andaluces y andaluzas, Moreno Bonilla ha aprovechado el sufrimiento que ha ocasionado la pandemia del coronavirus para recorrer un camino sin retorno: el de la desvergüenza y el descrédito.
En medio del ruido y el griterío que cada día generan PP y Ciudadanos con la inestimable colaboración de la ultraderecha a la hora de despejar balones, no asumir ni una sola responsabilidad y culpar al de enfrente -algo en lo que han avanzado hasta llegar al ‘nivel experto’-, han colado de rondón una convocatoria opaca de empleo público para 3.000 personas que vigilarán las playas este verano con un sueldo de casi 2.000 euros al mes.
Todas las alarmas saltaron en el momento en el que se conoció que el único requisito para acceder a uno de esos empleos ha sido el de enviar un correo electrónico con los datos del solicitante, mientras se dejaba al margen de todo el procedimiento al Servicio Andaluz de Empleo, organismo que debería de haber gestionado la contratación de estos vigilantes. ¿En qué lugar ha dejado el Gobierno andaluz a estos funcionarios públicos? Imagino que la perplejidad habrá recorrido los pasillos de las oficinas del SAE de las ocho provincias andaluzas como una exhalación.
Además, la elección de los trabajadores quedó resuelta en tan solo 24 horas sin ningún mecanismo de control sobre el mérito de los candidatos y sin ninguna transparencia en el procedimiento. Todo hace sospechar, como cualquiera se puede imaginar ya a la altura de este relato, que lo que en realidad se ha hecho ha sido un ejercicio de enchufismo a gran escala, una descarada maniobra de colocación masiva de amigos y simpatizantes.
Así funciona la derecha ‘montapollos’: sublima lo irrelevante, sitúa en el centro de su gestión la confrontación para tapar su falta de iniciativa y, entretanto, aprovecha para saltarse todos los mecanismos que permitirían gestionar con la debida pulcritud una convocatoria a la que, según ha trascendido, se habrían presentado hasta 80.000 personas.
Qué criterios ha primado en su contratación, qué se ha baremado, qué conocimientos o aptitudes se han tenido en cuenta, y por qué se ha hecho todo el proceso de espaldas a los ayuntamientos y al Servicio Andaluz de Empleo, son cuestiones que tendrá que explicar el presidente del Gobierno andaluz más pronto que tarde.
Visto lo visto, ya sabemos para qué quería Moreno Bonilla el mando único: para darse un chapuzón en la playa de la marrullería. No se puede sacar otra conclusión distinta a la que muestran todos los indicios, que sitúan tanto al propio Moreno Bonilla como a su gobierno ante un monumental escándalo.
Esta grave sospecha de enchufismo llega en un momento en el que los responsables políticos de la administración autonómica deberían ser ejemplares. Dar más y mejor ejemplo para poder mirarse, sin avergonzarse, ante el espejo de las innumerables muestras de responsabilidad y respeto con las que ha reaccionado en estos meses el conjunto de la sociedad andaluza.