Antonio Martínez destaca que el Gobierno de España ha protegido durante este periodo a más de 32.000 trabajadores de la provincia
El secretario de Organización y senador del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha asegurado que la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre que han acordado los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los agentes sociales beneficiará a unos 25.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia.
De esta medida se han beneficiado hasta ahora 32.276 trabajadores y trabajadoras que se encontraban en esa situación a finales de abril y a quienes se les ha dado “protección” en una de las “épocas más difíciles por las que está atravesando nuestro país” debido al coronavirus y a sus devastadores efectos en la economía mundial. De otro lado, según los datos de la Seguridad Social, 6.810 de estos trabajadores salieron de los ERTE el pasado mes de mayo en Almería.
Esta realidad pone de manifiesto, a juicio del senador socialista, que “la protección del empleo ha sido uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Pedro Sánchez en su promesa de no dejar a nadie atrás durante esta crisis social, económica y sanitaria derivada del Covid19”, lo que ha derivado en que se hayan destinado en la provincia más de 70 millones de euros al mes en ayudas para autónomos, empresas y trabajadores que las han necesitado.
El nuevo acuerdo sobre los ERTE, ha trasladado el dirigente socialista, incluye diferentes exoneraciones para las empresas, según su situación. En el caso de las empresas que están en situación de fuerza mayor parcial, el acuerdo hasta septiembre mantiene el espíritu del vigente, bonificando más las cotizaciones de los trabajadores activados que de los suspendidos.
De esta forma, para empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales de sus trabajadores activados en los meses de julio, agosto y septiembre y del 35% para los trabajadores que continúen suspendidos. Para las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados.
Mientras, ha ahondado Martínez Rodríguez, las empresas que están actualmente en ERTE por fuerza mayor total pasarán a ERTE de transición hasta el 30 de septiembre. “Dentro de ellas, las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente”, ha añadido. En el caso de las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente.
Ayudas extraordinarias a los autónomos
Igualmente, el senador socialista ha valorado positivamente que el Gobierno haya consensuado con las principales asociaciones de trabajadores autónomos la extensión de las ayudas a este colectivo por los efectos de la COVID-19 hasta el próximo 30 de septiembre.
En concreto, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.
Además, los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la facturación del 75% del tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de un año antes, entre otros requisitos. Para ello, no necesitarán esperar a que termine el trimestre sino que pueden solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.
Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido a 18.273 autónomos la prestación extraordinaria (equivalente al 70% de la base reguladora) en la provincia de Almería. Esta medida se aprobó en marzo pasado para proteger la falta o merma considerable de ingresos de los autónomos y autónomas en la situación excepcional provocada por la COVID-19 y contribuir a la supervivencia de su negocio.