Los socialistas recuerdan que el contrato de más de dos millones de euros fue firmado por el propio presidente de la Diputación Provincial
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería solicitará la celebración de un pleno extraordinario para que el presidente, Javier Aureliano García Molina, dé explicaciones públicas sobre el contrato para la compra de material sanitario y de protección, valorado en más de dos millones de euros, que actualmente investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que, de momento, se ha saldado con la detención del vicepresidente y diputado de Fomento, Medio Ambiente y Agua.
Los socialistas recuerdan que dicho contrato, cuyas posibles irregularidades estudia actualmente la Benemérita, lo firma el propio presidente provincial, mediante decreto, a propuesta del diputado de Presidencia, Fernando Giménez, por lo que consideran que debe ser García Molina –futuro número uno del PP en Almería- quien dé esas explicaciones que aún no ha ofrecido pese a la gravedad de los hechos hacia los que apunta la UCO.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, considera que la sociedad almeriense merece “luz y taquígrafos” sobre la investigación abierta por la Guardia Civil y que tiene el punto de mira en la Diputación Provincial que dirige, con mayoría absoluta, el PP. “El presidente García Molina no puede esconderse más porque las informaciones, según recogen los medios de comunicación, hablan de la presunta existencia del cobro de comisiones en relación con la compra de material adquirido por el Covid-19”. La información que ha trascendido es “muy grave”, ha valorado, ya que “relacionan a la Diputación Provincial de Almería con unos hechos que están siendo investigados, también, por un juzgado de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada”.
La investigación, según se ha conocido, se centra en la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la institución que dirige el PP a una empresa que supuestamente habría pagado comisiones a un cargo público, han trasladado Antonio Martínez y el portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, en una rueda de prensa.
“El presidente no puede despachar este asunto con una llamada de teléfono para decirnos que le quita las competencias al diputado que, por otro lado, sigue siendo miembro de la corporación provincial, ni tampoco puede concluir esta cuestión en un comunicado de cuatro líneas donde no se explica ni aclara nada, porque hay mucho de lo que hablar”, ha asegurado Lorenzo Cazorla y ha adelantado que el PSOE ha solicitado ya copia de todo el expediente.
Para Lorenzo Cazorla el asunto, de confirmarse, sería especialmente grave “al tratarse de un material que estaba destinado a proteger a todos los almerienses” y que, se contrató directamente “sin una fiscalización previa” porque “se tenía la libertad que propiciaba legalmente el estado de alarma”.
Otras de las dudas que confían los socialistas que el presidente provincial pueda despejar se refiere a la sede de la entidad ahora investigada. “Queremos saber si se trata de una empresa con domicilio social en Barcelona, según refleja el Decreto del presidente, y si es la misma empresa que tiene su sede central andaluza en Fines; queremos saber si es la misma empresa y si se contrató en Barcelona o en Fines” se ha preguntado el portavoz socialista quien añade que el administrador único de la empresa lo es, también, de otras tres empresas, algunas con domicilio social en la capital de Almería y que también ha contratado obra pública con la Diputación de Almería.
Esto lleva al PSOE a pensar que “no eran empresas ni personas desconocidas para el equipo de Gobierno del PP” y preguntan a su líder con cuántas empresas de este grupo ha contratado la Diputación. “¿Ni Javier Aureliano García ni Fernando Giménez eran conocedores de los pormenores de esta empresa?”, se pregunta el portavoz socialista, quien también siembra la duda sobre si esta empresa “tenía experiencia en este tipo de suministros” y se cuestiona “quién puso en contacto al presidente y al diputado de Presidencia con esta empresa” o si ya se conocían previamente.
Los socialistas instan al presidente de la Diputación y próximo presidente del PP provincial si ha llegado a la institución todo el material contratado -500.000 mascarillas FFP-2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo- habida cuenta de que García Molina firma una reciente resolución de contrato en la que reclama a la entidad 39.000 euros, según ha trasladado.
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