El secretario general de los socialistas andaluces conmina a Moreno Bonilla a “actuar con la misma celeridad que el Gobierno de España”
El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha valorado “la rapidez y el compromiso” del Gobierno de España al acordar hoy en Consejo de Ministros la declaración como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC), lo que antes de denominaba declaración de zona catastrófica, las casi 10.000 hectáreas de terreno arrasadas por el incendio de Sierra Bermeja hace dos semanas.
Estas que se incluyen dentro de un paquete más amplio aprobado en el Consejo de Ministros que atañe también a las comunidades autónomas de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia e Illes Balears, que en las últimas semanas sufrieron incendios forestales de grandes proporciones o episodios de fuertes lluvias que han provocado inundaciones. También tendrá la consideración de ZAEPC el incendio de Gualchos-Castell de Ferro, en Granada, que arrasó 80 hectáreas a finales de agosto y ocasionó daños a 6 invernaderos.
Espadas ha puesto en valor la “sensibilidad y la disposición” del Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía para paliar las consecuencias inmediatas que el incendio de Sierra Bermeja tiene en los habitantes de ocho municipios de la provincia de Málaga, como son Jubrique, Genalguacil, Farajan, Pujerra, Júzcar, Alpandeire, Estepona y Casares, un siniestro que arrasó cerca de 10.000 hectáreas, que tardó seis días en ser controlado y que se cobró la vida del bombero forestal del Infoca Carlos Martínez, además de ocasionar el desalojo preventivo de más de 2.600 personas.
El secretario general de los socialistas andaluces aplaudió la rápida reacción de la administración central para resarcir y paliar con ayudas la difícil situación a la que se enfrentan los vecinos y vecinas que han sufrido daños personales, materiales y quebranto en sus economías familiares, y conminó a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Málaga a “actuar con la misma celeridad que el Gobierno de España y complementar con recursos propios” para ayudar a los habitantes del Valle del Genal con planes específicos de limpieza y restauración de montes y también de empleo, que es lo que más urge en estos momentos.
La declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil abre tramitación administrativa de ayudas para siniestros de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y bienes públicos, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, daños que no han podido ser identificados y cuantificados todavía por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.
Pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas adoptadas para recuperar las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado.
La declaración como ZAEPC permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios. La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego o por las inundaciones.
Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.