Nadie puede poner en duda el esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar una recuperación justa
El empleo se ha acelerado, por primera vez, en octubre y suma el octavo mes consecutivo de incremento laboral, lo que indica que la recuperación es real y está ahí y esto se debe traducir en una recuperación justa, tal y como defiende el Gobierno de España.
El registro de 159.478 nuevos afiliados a la Seguridad Social refleja el impulso de la recuperación que empieza a llegar a hogares y empresas. Estos datos excepcionales no se daban en este mes desde el año 1975, fecha en la que se iniciaron los registros sobre empleo. Esto vislumbra una situación de dinamismo del mercado de trabajo y una reactivación del 95% de los empleos perdidos por la pandemia tras reincorporarse 40.000 trabajadores en el último mes.
Estas cifras ponen de manifiesto que las medidas que ha ido adoptando el Gobierno de España a lo largo de los últimos meses están dando su fruto y, así, nuestro país ha conseguido en quince meses volver a los niveles de empleo previos a la pandemia, algo que contrasta con lo que tardamos en recuperarnos en la anterior crisis financiera, que fueron 12 años, ni más ni menos. Durante ese tiempo, además y de la mano de los gobiernos del PP, se produjeron recortes indiscriminados que sufrió la sociedad y de la que aún nos resentimos como país.
En España se han vivido dos formas diferentes de afrontar la crisis: una, con el PP, en la que primó la precarización del empleo y la debilitación de los servicios públicos con pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los españoles y, otra, con el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que la regla general se basa en la protección del empleo –a través de figuras como los ERTE- preservando el puesto de trabajo de 3,5 millones de personas ante la mayor crisis.
Nadie puede poner en duda el esfuerzo del Gobierno progresista para impulsar una recuperación justa con medidas de calado y siempre acordadas con los sectores sociales y empresariales. Todo ello sin olvidar medidas que han permitido proteger a 800.000 personas vulnerables a través del Ingreso Mínimo Vital junto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para reindustrializar y digitalizar la economía con 140.000 millones.
Los datos no vienen, sino, a reflejar la realidad porque el Gobierno de España invierte los fondos públicos en servicios para la ciudadanía con la finalidad de salir de esta crisis todos y todas juntos.