El Partido Popular está empezando a pagar muy caro el blanqueamiento político que le viene haciendo a la extrema derecha, de la que ha tirado y tirará para asegurarse gobiernos sin reparo alguno. Ahí están los acuerdos que firmó con Vox para para la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía, la de López Miras en Murcia o la de Díaz Ayuso en Madrid, que además han contado en la mayoría de los casos con el beneplácito del partido, -cada vez más irrelevante-, que lidera Arrimadas.
Pablo Casado, al que ya hace tiempo que Europa empezó a mirar con muchos recelos como consecuencia de estos acuerdos, se ha convertido en el único político del viejo continente que se abraza a la extrema derecha de esta manera. Lo peor de todo es que tampoco parecen importarle las graves consecuencias que esto tiene en nuestra sociedad, en un país en el que el progreso ha ido acompañado, desde el inicio de la democracia, de nuevos derechos y de leyes que han profundizado en la igualdad, pero que hoy están siendo muy discutidas por la derecha más extrema ante la vergonzosa indiferencia del PP.
El populismo rampante que hoy vivimos explica, en parte, los resultados de la jornada electoral del pasado domingo en Castilla y León, que han dejado al descubierto la extrema torpeza con la que ha actuado el Partido Popular en esta comunidad, puesto que lejos de salir reforzado –con ese objetivo animó Casado a Mañueco a adelantar las elecciones-, ha terminado por fortalecer a la extrema derecha.
En esa huida hacia adelante, Casado se deja por el camino la mayor parte de su crédito y ya hay entre sus propias filas quien le discute su delirante estrategia. El ruralismo de estampa que ha practicado, junto a vacas y otros animales de granja, tampoco parece que le haya ayudado mucho, que digamos.
La conclusión de todo esto es que el líder del Partido Popular se ha metido en un buen lío y sería bueno que, en lugar de acrecentarlo, intentara plantear escenarios de gobierno en Castilla y León en los que la extrema derecha quedara al margen.
Vox ya ha dicho que lo primero que quiere hacer es acabar con el decreto de violencia de género y la ley memoria democrática de esta comunidad autónoma. Curiosamente, ni una palabra de reforzar la sanidad pública, la educación o de fomentar el empleo. Así pues, ninguna duda: esto es lo que nos vamos jugar más pronto que tarde también en Andalucía.