La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido esta semana a comunidades como la andaluza que abandonen el populismo hídrico por el bien de Andalucía, de sus habitantes y, sobre todo, de los sectores que basan su actividad en el uso sostenible de un recurso natural como es el agua. El cambio climático ha provocado serios efectos sobre los recursos hídricos y lo que se espera de una administración responsable es que palíe esos efectos con medidas efectivas. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. De hecho, nuestro país cuenta con una planificación hidrológica de tercer ciclo que incorpora escenarios de cambio climático con más de 2.600 medidas y una inversión cercana a 23.000 millones de euros. Y, en cuanto a la disponibilidad de agua potable, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se marca como objetivo duplicar los recursos procedentes de la reutilización o desalación. Hay que ponerse a trabajar y, sobre todo, dejar trabajar.
La Junta de Andalucía, por lo que trasladan nuestros insignes consejeros almerienses Carmen Crespo y Ramón Fernández-Pacheco, no está por la labor de arrimar el hombro y prefiere permanecer en esa estrategia de confrontación con el Gobierno central caiga quien caiga: en esta ocasión, los sectores agrícolas y ganaderos que son tan fundamentales para la economía provincial, por no hablar del hostelero o, en general, del abastecimiento familiar. Gracias a la planificación de los gobiernos socialistas, hoy contamos con las desaladoras de Campo de Dalías, Carboneras o Cuevas del Almanzora y, próximamente, habrá otra en el Levante almeriense pero, para ello, se necesita de la ayuda de la administración que dirige Juanma Moreno y, de momento, está costando.
Sin embargo, la consejera de Agricultura sigue desviando la atención. Dice que le ha pedido al Gobierno de España que presione a Bruselas para exigir más fondos Next Generation para afrontar la sequía; unos fondos que ellos mismos, el PP, trató de boicotear, pero ahora no sólo los ven bien, sino que quieren más. Está muy bien pedir, pero también hay que dar. Se trata de una petición razonable si no fuera porque de los 4.077 millones de fondos europeos que han llegado a Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla, con la activa participación de Carmen Crespo, sólo ha empleado apenas el 12% de esos fondos. Como siempre, el dato mata al relato.