Los socialistas denuncian que el Pleno celebrado hoy carece de “validez jurídica”, al no haberse convocado previamente una Comisión Informativa
El PSOE de Gádor ha solicitado formalmente que se celebre un nuevo Pleno extraordinario en el Ayuntamiento para que el alcalde del municipio, Eugenio Gonzálvez, devuelva a las arcas públicas los 61.500 euros que ha costado su defensa jurídica, tras denunciar que el Pleno extraordinario de esta mañana “carece de cualquier validez jurídica”, ya que se ha celebrado sin que previamente se convocara la Comisión de Hacienda correspondiente. La portavoz socialista, Maribel Juárez, ha explicado que la convocatoria de la Comisión de Hacienda “era preceptiva para poder celebrar el Pleno con todas la garantías legales”, por lo que “a falta de un informe previo de la Comisión, el Pleno de hoy es nulo”.
Además, la portavoz socialista también ha denunciado otra “maniobra” realizada por el equipo de Gobierno del PP para “evitar que Eugenio Gonzálvez asuma su responsabilidad”, como ha sido la decisión de encargarle a la Secretaría, de cara al Pleno de hoy, “un informe limitado”. “Le han exigido al Secretario que se limitara a informar sobre el procedimiento, sin entrar a valorar el fondo del asunto, lo que constituye una auténtica tomadura de pelo”, ha lamentado Juárez.
Dos peticiones en el orden del día
El Pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento de Gádor, y que habrá de repetirse próximamente, a la vista de la petición registrada por el Grupo Socialista, constaba de dos únicos puntos en el orden del día. El primero buscaba declarar la nulidad de los actos administrativos que dieron lugar, en 2007, a la contratación y el pago de las obras para concluir la Nave de Celebraciones y la Escuela de Música y Danza, después de que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hayan determinado que aquellas contrataciones fueron ilegales.
El segundo orden del día instaba a Eugenio Gonzálvez a devolver a las arcas del Ayuntamiento los 61.500 euros que ha detraído en los últimos años para pagar su defensa jurídica, al demostrarse, según las sentencias del TSJA, que actuó de manera ilegal. Para Maribel Juárez, resulta “intolerable” que el alcalde “haya dispuesto del dinero de todos los gadorenses para pagarse sus abogados, intentando salir impune de dos casos en los que era evidente que no llevaba la razón”.