Juan Antonio Lorenzo confía en que la propuesta que se debatirá en el Congreso cuente con el apoyo de la mayoría por ser un “avance más” en derechos sociales
El PSOE apuesta por adaptar las pruebas que actualmente realizan las personas con discapacidad intelectual que quieren acceder a un empleo público al puesto de trabajo real que van a realizar. Esta iniciativa, que parte del Parlamento Andaluz y que contó, en septiembre, con la unanimidad de todos los grupos, se elevará el próximo martes al Congreso de los Diputados para su aprobación como Proposición de Ley. En concreto, la iniciativa propone modificar el apartado 2 del artículo 61 de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público de forma que “las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistirán en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo”.
El secretario general del PSOE de Almería y diputado nacional, Juan Antonio Lorenzo, ha mostrado su confianza en que la iniciativa sea aprobada “por el máximo consenso posible” y ha destacado que, con ella, “conseguiremos un avance más en los derechos de las personas con discapacidad en toda España”. Un ámbito, ha dicho, en el que el Gobierno de Pedro Sánchez está dando “pasos agigantados” en esta legislatura “empezando por la reforma del artículo de la Constitución Española que hablaba de ‘disminuidos’ y siguiendo por la mejora del marco normativo para asegurar la plena integración plena de las personas con discapacidad”, en el que el Gobierno de España lleva trabajando tiempo, y la propuesta de aumento de las Pensiones No Contributivas de la Seguridad Social que se espera aprobar próximamente.
Para la defensa de esta propuesta en la Cámara Baja intervendrán tres diputados del Parlamento Andaluz, votados por el propio Parlamento, entre los que se encuentra la parlamentaria autonómica socialista, Pilar Navarro, para la que “es una cuestión de justicia y de sentido común” ya que se trata de que a los aspirantes con discapacidad intelectual que se sometan a pruebas selectivas para una plaza pública, se les hagan pruebas prácticas adaptadas a las funciones que tendrían que realizar en ese puesto -prueba de situación- y “no que se les evalúe por unos conocimientos teóricos sobre tochos legislativos ajenos a las labores que van a desempeñar”.
Aunque hay reserva de plazas para las personas con discapacidad, y en concreto para las personas con discapacidad intelectual, “muchas veces ni siquiera llegan a presentarse por la dificultad para este colectivo de las pruebas actuales”, ha aportado la dirigente socialista. “Los que se atreven a presentarse, se dan de bruces con la cruda realidad. Y es que no tiene sentido que se les exija memorizar leyes y leyes que no entienden bien y que se les evalúe con un examen-test, que no está concebido para personas que no entienden el concepto de trampa que entraña todo examen de este tipo, aunque sea fácil”, ha aseverado Pilar Navarro.
Por estos motivos, muchas plazas reservadas quedan vacantes y, aunque hay cuotas, “en la práctica es una quimera, por lo que los condenamos a vivir eternamente como niños por tener una discapacidad y ellos quieren tener un proyecto de vida propio y autónomo”.
La diputada socialista ha trasladado algunos casos de la “tortura” que para los opositores y sus familias suponen “no solo las pruebas de acceso a la función pública, sino también el periodo de preparación previo”. “María tiene autismo y aspiraba a una plaza de subalterna después de estudiar durante dos años y medio. No superó la prueba porque no entendía lo que le preguntaba sobre la organización del Estado”, ha puesto como ejemplo.
En este sentido, la parlamentaria socialista ha reprochado al PP de Andalucía que no diera su voto afirmativo desde un primer momento a esta cuestión y que lo haya hecho más tarde “solo porque el cambio de la ley obligará a la Junta de Andalucía “a trabajar” y cambiar las pruebas de acceso en aquellas materias en las que tiene competencias exclusivas”. “Solo por eso se han perdido seis meses hasta que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha dado su visto bueno”, ha lamentado.