La diputada socialista reprocha a Moreno Bonilla que por su “falta de voluntad” se vulneren los derechos de los beneficiarios de la dependencia
La diputada nacional por el PSOE de Almería, Inés Plaza García, ha valorado que la nueva Ley de Dependencia y de Discapacidad supondrá “un antes y un después en la forma en la que nuestro país protege y atiende a las personas con discapacidad y en situación de dependencia” porque “se avanza en derechos, se amplían los servicios y se blinda el sistema para evitar que, en el futuro, vuelvan los recortes que tanto daño han ocasionado” en clara referencia a los infligidos durante los gobiernos del PP de Rajoy siendo Moreno Bonilla secretario de Estado de Servicios Sociales.
En este sentido, ha sostenido que, “si hay algo que las y los socialistas tenemos claro, es que no podemos permitir que la falta de voluntad política de Moreno Bonilla lleve a que personas con dependencia o discapacidad vean vulnerados sus derechos y tengan que esperar 20 meses para recibir las prestaciones que les corresponden”; una situación, ha dicho, que sucede en Andalucía desde que el PP gobierna en la Junta cuya “nefasta gestión” sitúa a la comunidad a la cabeza en la lista de espera para obtener las prestaciones por dependencia que corresponden a cada usuario o usuaria.
Inés Plaza ha trasladado que el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Discapacidad y la Ley de Dependencia y las une en un solo texto, es “un paso fundamental para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia o personas con discapacidad” y en breve continuará su trámite parlamentario en el Congreso. La futura norma, ha dicho, “supone un cambio de modelo en el que la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión social pasan a ser el eje central de las políticas de dependencia”. Hasta ahora, ha comparado, el sistema se centraba en el cuidado de las personas dependientes “pero con esta modificación se busca que pueda desarrollar una vida plena y participativa, dentro de la sociedad”.
“Además, el anteproyecto refuerza la protección de estos derechos frente a posibles recortes en el futuro. Se establece un verdadero escudo social para evitar que cambios políticos puedan poner en riesgo las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como ya ocurrió cuando Moreno Bonilla era el secretario de Estado”, ha incidido.
La diputada nacional ha explicado algunas de las principales novedades que establece el anteproyecto de ley, como la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, “lo que permitirá a las personas beneficiarias acceder a diferentes servicios de manera complementaria, adaptando la atención a sus necesidades individuales”. “Esto quiere decir que, si una persona va a un centro de día, por las mañanas, por ejemplo, puede compatibilizarlo con ayuda a domicilio por las tardes”, ha añadido.
Del mismo modo, la futura ley, amplía y actualiza el catálogo de servicios, reforzando la asistencia personal, la ayuda a domicilio y reconociendo la teleasistencia como un derecho subjetivo. “Quien tenga una prestación de dependencia y resida en su domicilio, automáticamente va a tener teleasistencia”, ha asegurado y ha subrayado que se ampliará el apoyo a cuidadores, permitiendo que amigos y vecinos también puedan recibir la ayuda por la Dependencia, no sólo los familiares directos.
El Gobierno de España triplica la inversión en Dependencia
El Gobierno de España “respalda” esta ley “con un importante esfuerzo de inversión”. Según Inés Plaza, la financiación estatal para la Dependencia se ha “triplicado” desde 2014, pasando de 1.130 millones de euros a 3.411 millones en 2024. “Actualmente, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atiende a 1,64 millones de personas, lo que supone un incremento del 19% desde 2020. Además, el sector se ha consolidado como un pilar clave del empleo en nuestro país, con más de 530.000 afiliados y un crecimiento anual del 9%”, ha revelado.
Sin embargo, ha dicho, estos avances en el ámbito estatal “contrastan con la mala gestión que está llevando a cabo la Junta de Andalucía del PP en esta materia” porque la administración de Moreno Bonilla “está acumulando retrasos inaceptables en la concesión de ayudas y no está invirtiendo lo suficiente para garantizar la atención que necesitan miles de andaluces”. “Según las cifras del IMSERSO a fecha 28 de febrero una persona en Andalucía tiene que esperar 592 días desde que solicita la Ley de Dependencia hasta que se la conceden; y en Andalucía hay 46.960 personas en lista de espera”, ha lamentado y ha recordado que desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores se remitió una carta al presidente de la Junta “para advertirle de la gravedad de la situación de la dependencia en Andalucía”.