Las sospechas recaen en una obra adjudicada a un amigo del alcalde, otra que se adjudicó estando terminada y una cesión con informes en contra
El PSOE de Olula del Río ha puesto en manos de la Fiscalía la documentación que ha podido obtener de varios expedientes municipales para que la justicia determine si el alcalde del municipio y candidato del PP al Senado, Antonio Martínez Pascual, habría venido actuando al margen de la ley “de manera continuada”. Las sospechas del Grupo Municipal Socialista se concentran en los contratos de dos obras y una cesión de instalaciones municipales que, a la vista de la documentación, no se habrían realizado con todas las garantías legales. Los indicios apuntan a que el alcalde habría firmado, presuntamente, contratos con empresarios y vecinos afines, e incluso habría llegado a contratar la realización de obras que ya estaban terminadas, con la colaboración de la Diputación Provincial.
La primera obra bajo sospecha es el Proyecto de Eficiencia Energética de Olula del Río, un proyecto valorado en 1,1 millones de euros que, “contra todo pronóstico”, el alcalde decidió priorizar, “descartando la terminación del centro de salud y a pesar de que era un gasto no planificado, por lo que no tenía ninguna partida prevista en los Presupuestos”, según ha explicado el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Francisco Garre.
Según llegó a reconocer el propio alcalde –como quedó atestiguado en el acta del Pleno municipal del 5 de agosto de este año–, la idea de realizar este proyecto se la dio al alcalde un empresario al que se refiere como “el señor Ricardo”. El equipo de Gobierno municipal decidió entonces acometer el proyecto y varios meses más tarde se lo adjudicaría a la empresa Osepsa, representada por este empresario.
“En esta concesión concurren varios hechos inexplicables, como que el plazo de adjudicación, según el pliego de condiciones, tenía que ser de 2 meses y 15 días, pero se alargó hasta los 5 meses, o que se eligiera a esta empresa, que había presentado su oferta por valor de 814.228 euros, descartando a otras que tenían propuestas más ventajosas, como Eiffage o Acisa, que hicieron ofertas por 470.293 euros o 575.558 euros, respectivamente”, ha explicado Garre.
El segundo caso “sospechoso” es el de la construcción de la rotonda del Rosquero y el Carretillero, una actuación cofinanciada por el Ayuntamiento y la Diputación de Almería, a través de los Planes de Inversiones Municipales, dentro de un paquete de tres obras por valor de 180.000 euros que también incluía la mejora de la calle principal del Barrio de Santiago y la mejora de la pista deportiva del Barrio de Las Norias.
Según la documentación oficial, la obra la habría adjudicado la Diputación Provincial el 9 de junio de este año; el contrato, el acta de replanteo y el programa de trabajo tienen fechas posteriores al 14 de julio; y la obra debía comenzar el día 16 de ese mes. Sin embargo, “todos los vecinos de Olula fuimos testigos de cómo la obra habían comenzado mucho antes, en marzo, en mayo ya estaba concluida y hasta la habían inaugurado de manera oficial el 13 de junio”, ha detallado Garre.
El viceportavoz socialista ha llamado la atención sobre la circunstancia de que esta obra, para la que la empresa contrató a varios vecinos del pueblo, “se hizo justo antes de las elecciones municipales”.
El tercer expediente puesto en manos de la Fiscalía es correspondiente al alquiler del merendero del Pinatar, “otorgado a una iniciativa particular sin el Plan de Actuación necesario por ser una zona de especiales características, y obviando los requisitos que la arquitecta municipal le había dicho al alcalde que había que cumplir”, según ha explicado Garre. Ante estas deficiencias, tanto el Secretario municipal como el Interventor emitieron informes negativos, “una circunstancia que tampoco fue suficiente para que el alcalde rectificara”.
“Después de haber hablado con el equipo de Gobierno en reiteradas ocasiones y de que el propio alcalde nos haya reconocido que es cierto que ha empezado la casa por el tejado en más de un proyecto, no teníamos otra opción que poner la documentación en mano de la Fiscalía para que un juez determine la gravedad de esos hechos”, ha señalado el portavoz socialista. Garre ha aclarado que el Grupo Socialista “siempre” va a “mirar por el bienestar” del municipio, “pero hay que hacerlo de manera correcta”. Por su parte, la secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha coincidido en señalar que “a la hora de gestionar un ayuntamiento, no todo vale”, como al parecer está haciendo “la derecha rancia” que gobierna en Olula del Río.