Los socialistas logran una comisión de control de las empresas de los servicios privatizados y cláusulas sociales en los contratos municipales
El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha forzado en el pleno la petición de una revisión de los valores catastrales por parte del equipo de gobierno del PP, lo que conllevará una rebaja del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que pagan los almerienses en 2017. La concejala socialista Adriana Valverde ha dejado claro al alcalde que, en este apartado y hasta el momento, no ha hecho esa solicitud aunque públicamente desde el equipo de gobierno hayan querido trasladar lo contrario.
Durante su defensa de la moción presentada por el PSOE, que ha salido adelante por unanimidad, Valverde ha instado a que el alcalde solicite al Gobierno de España, en concreto a la Dirección General del Catastro, el inicio de la revisión general de los valores catastrales del municipio de Almería al ser posible hacerlo por haber transcurrido más de cinco años de su entrada en vigor y existir diferencias sustanciales entre los valores del mercado actuales y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.
La socialista ha emplazado a hacerlo de inmediato para “que pueda entrar en vigor en 2017” y, de esa manera, “ayudar a la maltrecha economía de los almerienses” puesto que reducir ese valor catastral ajustándolo al valor real que tienen en el mercado los inmuebles es clave para bajar de manera importante el IBI, además de afectar a otras tasas e impuestos.
Tras incidir en la necesidad de acogerse de una vez por todas a esa opción e ir a lo realmente importante de la cuestión, Valverde ha criticado que el equipo de gobierno del PP, encima, tampoco haya solicitado los dos últimos años la opción ofrecida por el Gobierno de España de una bajada lineal usando para ello la aplicación de unos coeficientes de actualización de los valores catastrales establecidos en los Presupuestos Generales.
La última vez que lo hizo fue en 2013, entrando en vigor en 2014, y ya ha perdido la oportunidad de hacerlo de cara la entrada en vigor en 2016. Eso hizo que no se recogiera ninguna nueva bajada del IBI en los presupuestos municipales para este año, uno de los motivos por los que el PSOE votó en contra de los mismos.
Después de que el PSOE presentara su moción públicamente la semana pasada para debatir en pleno, el alcalde de Almería ha tratado de salir al paso firmando la solicitud para solicitar esa última posibilidad de cara al futuro y, según ha evidenciado Adriana Valverde, el Partido Popular ha querido hacerla pasar durante el transcurso del pleno ordinario por lo que una revisión de los valores catastrales de todo el municipio, algo que no es.
Control concesiones administrativas
Por otro lado, también han salido adelante por unanimidad las propuestas socialistas para crear un órgano de control de las empresas que prestan los servicios privatizados por el Ayuntamiento de Almería y para que la administración local ponga en marcha un sistema de contratación pública responsable que incluya cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los procesos de adjudicación municipal.
En el primer caso, según ha explicado el portavoz de los socialistas, Juan Carlos Pérez Navas, esta iniciativa de control –que los socialistas ya plantearon en su programa electoral- es más necesaria que nunca si se tiene en cuenta que, en los presupuestos municipales de 2016, el equipo de gobierno del PP “ha aumentado casi en 3 millones el dinero que se destina a las empresas concesionarias, lo que evidencia que hay mal servicio o que necesidades que no fueron bien detectadas” por parte del gobierno.
Con esta comisión de control, ha proseguido, “queremos que se analice la calidad de los servicios que se prestan, defender los derechos de la ciudadanía y ofrecerles un seguimiento de lo que se hace con el dinero, que es público”. Se trata de hacer, ha añadido, “una permanente auditoría pública” en la que participen los grupos políticos, representantes de los trabajadores, representantes de las empresas concesionarias, usuarios y representantes de colectivos que puedan verse afectados directamente por las distintas concesiones administrativas.
En ese sentido, Pérez Navas ha enfatizado que la comisión es “un instrumento de participación” que facilita “la transparencia” y “la corresponsabilidad en la gestión”. Además, ha incidido en que el cumplimiento de las condiciones especificadas en el contrato municipal “evitaría conflictos” en las empresas y ha recordado que, en estos momentos, “hay algunos abiertos”.
En lo relativo a la puesta en marcha de un sistema de contratación pública responsable, Carmen Núñez ha expresado la necesidad de un “cambio de modelo en la contratación pública” teniendo en cuenta la “gran influencia” que puede ejercer el Ayuntamiento en materia social o medioambiental a través de la contratación.
Se trata, ha incidido, “de hacer una ciudad más justa y más sostenible” usando esa herramienta para lo que “el equipo de gobierno tiene que ir más allá de que lo contratado salga lo más barato posible, aceptando la oferta económica más ventajosa”.
Bajo esa premisa exclusivamente económica, ha ejemplificado, no se considera hasta el momento que, por ejemplo, “las empresas que no cumplen con cuestiones como pagar lo estipulado en convenio o contrata a menos trabajadores de los necesarios haciendo que estos trabajen más horas, pueden ofrecer un precio más bajo que aquellas que hacen las cosas bien”.
Entre los criterios éticos, sociales y medioambientales a incluir en los pliegos para la contratación y en la ejecución de los contratos del Ayuntamiento de Almería, los socialistas han pedido que se tengan en cuenta, entre otros, el fomento de la contratación de colectivos con dificultades de inserción laboral; el volumen de mano de obra contratada; la estabilidad en la ocupación; la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral o el apoyo a la economía social.
Convenio de Bomberos
Cabe destacar también que el PSOE ha votado a favor de la retirada de la aprobación del convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial para la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios para el periodo 2016-2017, que ha salido adelante con el respaldo de toda la oposición, con la finalidad de que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento mejore el documento y vuelva a llevarlo a pleno.
La concejala socialista, Consuelo Rumí, ha dejado claro que desde su grupo se quiere que se sigan atendiendo por parte de los bomberos de Almería, ante la dejación de funciones que está realizando la Diputación Provincial, las emergencias ocurridas en los 20 municipios de menos de 20.000 habitantes que cubre el convenio pero que, al mismo tiempo, “queremos que eso no suponga un aumento de impuestos de los almerienses y que no suponga un sobreesfuerzo para los bomberos de Almería”.
En ese sentido, ha asegurado al alcalde que la postura del PSOE en este asunto “no es de bloqueo, sino actuando como una oposición responsable”. Y es que, ha proseguido, “queremos un mejor convenio para todos, y si eso no es posible solamente se explicaría por la cerrazón del equipo de gobierno del PP y por negarse a cambiar una coma de un texto que le impone la Diputación Provincial de Almería”, presidida por el también presidente del PP provincial, Gabriel Amat.
En ese sentido, Rumí ha subrayado que el convenio “es manifiestamente mejorable” y que, partiendo del hecho de que el Ayuntamiento de Almería asume un servicio que le corresponde prestar a la Diputación Provincial, solamente se contempla el pago de 900.000 euros para cubrir gastos de personal pero, por el contrario, no se paga por conceptos gastos derivados de desplazamientos, mantenimiento del material o servicios especiales que, según un informe del jefe de bomberos, supondrían cerca de 700.000 euros más si se tienen en cuenta los datos relativos al anterior convenio entre ambas administraciones.