Los socialistas aseguran que este episodio da la puntilla a la “desastrosa política” en materia de financiación local protagonizada por el PP
Alcaldes socialistas de distintos municipios de la provincia, diputados provinciales del PSOE y la secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, han comparecido esta mañana para denunciar la “asfixia” a la que el Gobierno central pretende someter a los ayuntamientos de la provincia, al reclamarles que devuelvan más de 4 millones de euros, una cantidad que se eleva incluso a los 8 millones si se le suma el montante que el Gobierno en funciones también le ha pedido a la Diputación Provincial. Esta repentina ‘deuda’ aparece como resultado del error que cometió el Gobierno en ejercicios anteriores a la hora de calcular el dinero que debía transferirles a las entidades locales en concepto de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) a la que tienen derecho. Los representantes del PSOE de Almería han advertido de que esta reclamación coloca a los ayuntamientos en una situación financiera “inasumible” y han exigido al Gobierno que arbitre fórmulas “eficaces” para facilitar ese pago, sin que las entidades locales se vean obligadas a comprometer la prestación de servicios públicos a los ciudadanos.
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha rechazado este “nuevo ataque del Gobierno en funciones” a los ayuntamientos, con una decisión que “se toma in extremis” y que resulta “del todo incompresible”, ya que se reclama la devolución inmediata de un dinero que “hace años que se gastó”. “Imagínense lo que supone que ahora nos reclamen unas cantidades que se gastaron en 2013”, ha señalado.
En esta misma línea se ha expresado el alcalde de Lubrín y diputado provincial Domingo Ramos, al explicar que “cuando el Gobierno les hace un ingreso a los ayuntamientos, éstos se amoldan a esa cantidad para planificar sus gastos”, de manera que el reclamarles una deuda tan elevada, pasados los años, supone un verdadero quebranto para las arcas municipales. En el caso del Ayuntamiento de Lubrín, el alcalde ha detallado que el Gobierno les reclama 70.000 euros y que “además no da facilidades”, ya las condiciones que ha puesto el Gobierno para poder hacer la devolución en el plazo de diez años son “inasumibles”. Entre ellas se encuentra la obligación de que el pago a los proveedores se haga en un plazo menor de 30 días, “algo que un ayuntamiento como el de Lubrín no puede garantizar, sobre todo porque estamos haciendo frente al préstamo que el propio Gobierno nos obligó a contratar a un interés del 7,5%”.
A juicio de Ramos, aquella obligación de suscribir préstamos “con intereses altísimos” fue el primero de los “agravios” hacia los ayuntamientos cometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella decisión, ha dicho, fue seguida de la aprobación de la Reforma de la Administración Local y ha culminado ahora con la reclamación de las cantidades de más recibidas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado.
Medidas
Además de solicitar que el Gobierno en funciones dé “facilidades reales” a los ayuntamientos para afrontar estos pagos, el PSOE también ha repasado las iniciativas que tiene en marcha para “reparar urgentemente” el “daño” que ha causado el Gobierno del PP a los ayuntamientos durante los últimos cuatro años. En este punto, Adela Segura ha recordado que el PSOE ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley para la derogación de la Ley de Reforma de la Administración Local. Los socialistas también exigen que se apruebe una nueva Ley de Régimen Local “que refuerce la autonomía de los ayuntamientos”, así como una nueva Ley de Haciendas Locales “en la que se defina claramente su participación en los ingresos del estado”.
“Resulta incongruente que los alcaldes del PP coloquen en la entrada de su municipio una pancarta diciendo ‘que no cierren mi pueblo’ y, sin embargo, a la hora de la verdad todas las medidas que han aplicado desde el Gobierno de España han ido en sentido contrario”, ha remarcado.
Por su parte, Juan Antonio Lorenzo ha abundado en “el daño” que ha producido a los ayuntamientos la decisión del Gobierno de Rajoy de “cargar en las entidades locales toda la reducción del déficit”, obligándolas además a destinar los posibles superávits al pago de la deuda e impidiendo que ese dinero pueda dedicarse a “cuestiones realmente necesarias, como la creación de empleo”. Por este motivo, Lorenzo ha suscrito la postura de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que tiene previsto elevar al Gobierno la petición de que haya una mayor “flexibilidad” en la aplicación de la ley.