Juan Antonio Lorenzo acusa a Amat de incumplir el acuerdo plenario para salvar a la empresa y de volver a permitir pérdidas de cuatro millones al año
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha corregido al Partido Popular y ha señalado hacia el equipo de Gobierno de la institución supramunicipal como “único responsable y promotor” de la marcha escalonada de un nutrido grupo de municipios de la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante de Almería (Galasa). El portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, ha censurado las recientes manifestaciones del consejero delegado de Galasa, Antonio José Lázaro, y le recuerda que en el caso de los municipi0s que cuentan con convenio con la empresa pública “ha sido Diputación quien ha denunciado dicho convenio, así que, directamente, nos han enseñado la puerta de salida. No nos vamos, nos echan”, ha matizado.
Una actitud que ya denunció el Grupo Socialista en su momento coincidiendo con la aprobación de nuevos estatutos de la empresa “que hizo el PP de manera unilateral” y mediante la que “se nos obligaba a ajustar unas tarifas que no consideramos aplicables ni oportunas y que no responden a la realidad del servicio” además de que los municipios se verían obligados, a partir de ese momento, “a comprar acciones de la empresa para que ésta nos pudiera prestar el servicio”, ha añadido.
“A los municipios nos hubiera interesado permanecer en Galasa en unas condiciones favorables pero, en este caso, no lo son y es, por tanto, la propia Diputación la que va a dejar de prestarnos el servicio”, ha enmendado el portavoz socialista en virtud de las “erróneas tesis” que plantea el consejero delegado de la empresa de abastecimiento de agua, quien también ha acusado al PSOE de liderar una situación de boicot hacia la entidad. “No es una estrategia de partido puesto que, lo mismo que plantea irse Garrucha, también piensan en hacerlo Tíjola o Carboneras, donde gobiernan el PP en solitario o en coalición”, ha matizado.
La realidad es que “los municipios ya no confían en la gestión que se está haciendo desde Galasa”, sobre todo, “porque no se están tomando medidas para paliar la importante pérdida de agua y, por consiguiente, de dinero que se está perdiendo anualmente”. Al contrario, el PP, en lugar de solucionar un problema utiliza la amenaza, un recurso “habitual” en este partido, recrimina el portavoz socialista. Sólo así se explica la nota dirigida a la plantilla en la que se intimida sobre las supuestas pérdidas que conllevaría para Galasa la salida de municipios.
Supuesta auditoría
La supuesta pérdida económica que se produciría tras la marcha de ayuntamientos de Galasa, es tan supuesta como la auditoría que, según el PP obra ya en su poder y donde estaría la clave para actuar y evitar más pérdidas económicas de la empresa que ascienden a cuatro millones anuales, ha recordado Juan Antonio Lorenzo. “El PP recurre a la amenaza, pero no hace nada y va a dejar perder, nuevamente, cuatro millones de euros este año por su inacción o falta de voluntad para solucionar el problema”, ha acusado Lorenzo.
El equipo de Gobierno del PP “debería ponerse en marcha para evitar más pérdidas y dejar de amenazar a los trabajadores en relación a decisiones que ha tomado la propia Diputación con su mayoría absoluta y que obligan a que los pueblos nos tengamos que salir ante unas tarifas injustas”, ha valorado el portavoz socialista.
La gestión del presidente de Diputación, Gabriel Amat, al cargo de la empresa pública Galasa “sigue siendo oscura” puesto que después de cinco meses de haber acordado realizar el estudio de fugas a través de la auditoría acordada en pleno, la oposición tuvo conocimiento recientemente de que ese “supuesto estudio existía” y después de haberlo pedido en reiteradas ocasiones “aún no lo tenemos en nuestras manos”, ha reconocido Lorenzo para el que no cabe duda ya de que ocultar la supuesta auditoría es una “señal más que demuestra que muy probablemente haya sido otro engaño en relación a esas buenas intenciones que planteamos en el pleno de diciembre para salvar a Galasa, y que el PP no está dispuesto a actuar”. Otro motivo para que “los municipios sigan desconfiando de la gestión que se está haciendo de la empresa pública”, considera.