Valverde: “El alcalde no puede seguir mintiendo y debe atender las alegaciones de colectivos y vecinos porque la subida fue aprobada en Pleno y es real”
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado diferentes irregularidades en la tramitación del expediente para la modificación de las ordenanzas del agua y el alcantarillado, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, que ha permitido la subida de un 20 por ciento el precio de ambos servicios, y por eso ha pedido al alcalde de la cuidad “que reconsidere su postura” y atienda las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista, así como por otros colectivos.
“Esta subida está aprobada, lo puede negar el alcalde 18 veces si quiere y, aunque diga que su aplicación para el próximo ejercicio 2021 la va a pagar el propio Ayuntamiento, el dinero del Ayuntamiento lo ponemos todos, no lo saca el alcalde de su bolsillo, va a aparecer en el recibo a partir de 2022, pues la subida está aprobada y se va a aplicar, con idependencia de la forma en que quiera el alcalde hacerla”, ha aseverado la líder de la oposición.
En su opinión, “lo que no puede el alcalde es seguir mintiendo y mirando para otro lado”. “Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, analizar las alegaciones que le estamos presentando, nosotros y otros colectivos que se entán viendo afectados, como ASHAL o la Asociación Usuarios de Norias y Pozos del término municipal de Almería, que lo hacen, no porque tengan una idea infundada sobre esta subida, sino porque es real, se ha aprobado en un pleno y, por mucho que el alcalde quiera mirar para otro lado, esa es la verdad”.
Valverde ha mostrado la oposición de su grupo a esta subida “ no sólo porque es injusta o porque el PP ha tenido 10 años para hacerla y no lo ha hecho, sino porque llega en el peor momento para la economía de las familias almerienses, y porque se ha hecho saltándose la legislación y la normativa que regula el derecho al agua como un recurso vital” y los procedimientos de la contratación pública, además de poner en peligro los acuíferos con los que se abastecen en torno a 3.000 personas que viven en la Vega de Allá.
Daño a los acuíferos del Andarax
Desde el punto de vista medioambiental, las alegaciones del PSOE inciden en el hecho de que esta medida se ha aprobado sin evaluar el impacto ambiental que una mayor extracción de agua a desalar va a tener, “ya que no se toma directamente del mar, sino a través de sondeos próximos a la línea de costa y esto puede afectar a los acuíferos de agua dulce con los que se riega y abastece la Vega de Allá en el término municipal de la ciudad”.
Además, el PSOE considera que se hace incumpliendo los objetivos medioambientales de la planificación hidrológica, en lo que supone no sólo una “actuación temeraria”, sino también una infracción del Derecho de la Unión Europea, ya que pone en riesgo dos masas de agua muy vulnerables: la del acuífero del Bajo Andarax, ubicada a nivel superficial, y que se encuentra en un estado peor que bueno, y la del Medio-Bajo Andarax, que es una masa subterránea protegida para el abastecimiento, que está en mal estado a consecuencia de la sobreexplotación.
Precio del agua
Valverde considera que también el PP “se ha saltado a la torera la legislación” y ha destacado el hecho de que “hasta el propio Jefe de la Sección Técnica del Área de Sostenibilidad e Inspector de la concesión del agua asegura en un informe que no existe un documento en el que se justifique de forma suficientemente clara y transparente a qué obedece el aumento de los costes en el proceso de desalación del agua que se pretende aplicar”.
Pero es que, además, según Valverde, “esta subida del agua se hace en contra de lo establecido en el propio contrato, que responsabiliza a la empresa encargada del servicio de hacer frente a las pérdidas porque este cambio que ha introducido el equipo de gobierno del PP no está recogido entre aquellas causas por las que podría ser indemnizada la empresa”. “Si ahora es más caro el proceso de desalación, no es porque haya ocurrido un incendio o un terremoto, una guerra o una inundación, sino porque el alcalde ha querido”- ha manifestado- “y auque estamos de acuerdo en que, si aumenta el caudal a desalar, aumentan los costes, la realidad es que esta circunstancia no estaba prevista en el contrato y eso es algo que el alcalde debería haber resuelto con anterioridad”.
Tramitación del contrato
Asimismo, las alegaciones del PSOE denuncian que el PP ha pasado por alto la legislación en lo que se refiere a transparencia y buen gobierno, contratación y derechos de los ciudadanos. “El PP ha dejado indefensos a los almerienses, al no permitirles acceder en condiciones de igualdad a la documentación relativa a esta subida, ya que no han podido ni siquiera ojearla a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Además, denuncian que se ha hecho incumpliendo las normas de competencia porque los pliegos que regulan las bases del contrato con la empresa se han ido modificando sin haber sido sometidos al Pleno Municipal, como exige la normativa vigente.
También, en lo que se refiere a la tramitación administrativa, según la portavoz socialista, el equipo de gobierno del PP ha incumplido las normas en lo que respecta a la figura legal de “encomienda de gestión”, pues solo puede utilizarse cuando el servicio que se encarga recae sobre el sector público y no sobre una empresa privada como es Aqualia.
Otro de los aspectos que desde el PSOE consideran “inaceptables” es el hecho de que “en el expediente no se aprecia que el Ayuntamiento esté realizando un control suficiente y efectivo sobre la concesionaria, sino que muy al contrario, se observa una posición favorable por parte de los mandatarios del PP para eximirla de su obligación de justificar y actuar con transparencia, lo que va en contra del interés público de toda concesión administrativa”.
“Y, por último, y, para nosotros algo fundamental, algo por lo que los socialistas nos oponemos a esta subida del agua, es porque ataca frontalmente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el acceso al agua y al saneamiento a todas las personas, sin discriminación, para uso doméstico, en cantidad suficiente, segura y accesible económicamente”, y “como todos los almerienses saben, esta subida llega en el peor momento, con la mayor tasa de paro de nuestra en nuestra historia reciente y con una crisis sanitaria, social y económica sin parangón”.