Díaz advierte al PP, que piensa seguir con la práctica, de que “privan del derecho a la información municipal y coartan el derecho de opinión de la ciudadanía”
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha reclamado al alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular que cese la práctica de bloquear en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento a las personas críticas con la gestión municipal, además de desbloquear a los afectados que vienen denunciando lo que sucede, ya que con esta manera de comportarse “privan del derecho a la información municipal y coartan el derecho de opinión” de la ciudadanía. Una petición ante la que el gobierno municipal del PP ha respondido que continuará bloqueando, justificando lo hecho con mentiras al sostener que se actúa así cuando se trata de personas que insultan o proclaman discursos que incitan al odio, entre otros.
La realidad, según ha expuesto Díaz, es que muchos usuarios han sido bloqueados, simplemente, “por haber denunciado deficiencias y reclamado solución en cuestiones de limpieza viaria, falta de poda o problemas en el transporte público”. En el apartado de preguntas y ruegos del pleno, los socialistas han asegurado que no pueden abstraerse ante las quejas y denuncias que han recibido y han considerado que este comportamiento del equipo de gobierno del Partido Popular “atenta directamente contra la transparencia exigible a una administración pública, así como contra el derecho de la ciudadanía al acceso de la información municipal”.
Se está impidiendo también, ha continuado, “utilizar un canal de comunicación legítimo con el Ayuntamiento como son las redes sociales, tal y como se reconoce por la legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas”. Por todo ello, desde el PSOE se han dirigido directamente al alcalde, que ha eludido responder personalmente, para cuestionarle “si conoce esta práctica y qué opinión le merece”, además de para pedirle que explicara “por qué se bloquea a vecinos que muestran sus quejas en los perfiles sociales oficiales del Ayuntamiento” y solicitarle “que se desbloquee a los afectados y cesen este tipo de prácticas, que privan el derecho a la información municipal y coartan el derecho de opinión”.