Pérez Navas pide un tratamiento fiscal específico para sus pensiones en el extranjero y la devolución de oficio de las sanciones aplicadas
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha dado a conocer una moción que llevarán al próximo pleno para tratar de que todos los grupos políticos insten al Gobierno de España a que deje de tratar a unos 4.000 emigrantes retornados de la capital como si fueran defraudadores y, de una vez por todas, establezca un tratamiento fiscal específico para las pensiones de los españoles en el extranjero, además de devolver de oficio las sanciones y recargos aplicados injustamente en el proceso abierto de regularización de la tributación de sus pensiones en España.
Pérez Navas, que ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados (Asaler), Ángeles Martínez, y miembros de la junta directiva de esta entidad, para darles a conocer la iniciativa, ha lamentado “que el Gobierno haya visto a los emigrantes retornados como un filón recaudatorio” y “les esté perjudicando” después de “irse a trabajar fuera para sobrevivir” con una regularización tributaria de sus pensiones con carácter retroactivo en la que, además, muchos han sido sancionados.
Los 4.000 afectados en la capital se encuentran dentro de los 19.000 emigrantes retornados que sufren esa situación en la provincia, una cifra que llega a las 800.000 personas en el conjunto del país. “Estamos hablando de un colectivo que tiene incapacidades, que en muchos casos son personas que están aisladas o que no tienen familia que les mueva unos papeles que, muchas veces tampoco entienden, por lo que los socialistas creemos que lo que no puede hacer el Gobierno es tratarlos como los ha tratado”, ha subrayado el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento.
Por ese motivo, ha continuado, “queremos ponerle cara a esos 4.000 almerienses de la capital en el pleno y que todos los grupos políticos los apoyen en una situación tan lamentable, que requiere de una justa reparación moral ante un ataque del Gobierno del PP, que los ha visto más como un filón recaudatorio que como a personas”.
Peticiones de la moción
En concreto, según ha detallado, la iniciativa del PSOE insta al Gobierno de España a establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones de los españoles en el extranjero, que permita la aplicación directa por parte de la administración de las figuras tributarias que correspondan a cada situación y que evite la necesidad de regularizaciones posteriores. A eso se suma la petición de la devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados injustamente que no han sido reclamados por los retornados.
Asimismo, se recoge la necesidad de que el Ejecutivo a nivel nacional devuelva los importes cobrados indebidamente a los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en atención a las sentencias judiciales dictadas a tales efectos y de que se pongan los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar.
La quinta de las peticiones al Gobierno de España pasa por el diseño de un procedimiento de homologación de las pensiones de incapacidad permanente del extranjero para que, de ese modo, se posibilite que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF y evitar los recursos que se ven obligados a plantear en la actualidad los emigrantes retornados con pensiones de otros países.
Por último, se insta a la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el Ministerio de Hacienda no ha puesto los medios humanos, informativos y temporales necesarios para llevarlo a cabo.
Estado de la situación
Tal y como se explica en la moción que el PSOE defenderá en el próximo pleno, fue en 2013 cuando los emigrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación por parte de la Agencia Tributaria en la que se les informaba de la apertura de un expediente relacionado con las pensiones que venían percibiendo del extranjero. Se les reclamaba entonces diversa información y se les notificaba una posible sanción derivada de no haber declarado, en su día, la renta percibida.
Eso sucedió sin que existiera culpa alguna por parte de los afectados, ni siquiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ya que, hasta entonces, desde Hacienda nunca se les había exigido que tributasen en España por esas pensiones.
Tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del numeroso colectivo de afectados, el Gobierno accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones y dejando de aplicar intereses de demora. Pero, a pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de seis meses, durante la primera mitad de 2015, no se ha acabado de solventar el problema puesto que la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo, por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos -de 2008 a 2012-.
En este contexto, los socialistas entienden que la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría que hacer de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no accedieran a este trámite por sus propias dificultades de movilidad o recursos. A ese requirimiento básico se suma que se consideren cuestiones relativas a exenciones por incapacidad o circunstancias específicas como las relacionadas con las pensiones de Alemania.