Artículos por Juan Antonio Lorenzo Cazorla

El plan de choque anunciado por el Gobierno de Moreno Bonilla para reducir las listas de espera en la sanidad pública mediante la transferencia de 734 millones de euros a la privada es, efectivamente, lo que parece: una gran oportunidad para que las clínicas y hospitales privados hagan un buen negocio y una muy mala noticia para todos los andaluces y andaluzas, que ven cómo se aleja la oportunidad de que se refuerce el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Feijóo ha fracasado. Esta frase, a la que han recurrido muchos medios de comunicación en estos días, resume no solo lo que ha ocurrido tras su fallido intento de investidura en el Congreso de los Diputados, sino que apunta también al ocaso de su liderazgo.

Lo he comentado en alguna ocasión, pero conviene recordarlo casi de forma permanente: detrás de cada cifra de una lista de espera, ya sea con motivo de una intervención quirúrgica, para una consulta de especialidades hospitalarias o una prueba diagnóstica, hay una persona con nombres y apellidos, su sufrimiento personal y el de sus familiares. En esos casos, el tiempo de espera no lo marca simplemente el calendario, sino la ansiedad por el diagnóstico y la necesidad de la pronta prescripción del tratamiento.

La sanidad pública de nuestra provincia pasa por un momento crítico. Y no es solo una opinión, solo basta con ver cómo cunde el desaliento entre los profesionales y los pacientes, que no entienden que el Gobierno de Moreno Bonilla no destine los recursos necesarios que se precisan para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad, tal y como se merecen los andaluces y andaluzas.

Mientras que el sector agrícola y el turístico se culpaban mutuamente este verano de los problemas de agua en el Levante almeriense, el presidente del Gobierno andaluz y la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural miraban al cielo a ver si llovía, cuando en realidad el problema estaba bajo tierra, en las tuberías de abastecimiento a los municipios que gestiona Galasa.

Cuando Feijóo pidió tiempo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para negociar con los grupos parlamentarios su investidura, ya sabía que tendría exactamente los mismos números con los que contaba entonces y que prácticamente tiene desde la noche del 23J, 172 escaños. Es decir, nada ha cambiado en todo este tiempo a pesar de que el líder del Partido Popular siga queriendo hacer ver otra cosa a toda España.

Una mayoría progresista decidió con su voto el pasado domingo continuar con el progreso que ha supuesto para España el gobierno de Pedro Sánchez, castigando a la misma vez en las urnas a todos los que se han dedicado a mentir de manera ruin desde el primer minuto de esta pasada legislatura.

Tenemos una provincia llena de contrastes y, precisamente eso, es lo que nos hace singulares. Normalmente, las personas que viajan a Almería lo hacen pensando en sus playas, en nuestro extenso litoral que discurre desde Adra hasta Pulpí, pasando por lugares tan emblemáticos y mágicos como el parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Feijóo no puede ser presidente. No puede gobernar este país una persona que miente a sabiendas, que trata de engañar y confundir a la gente, tal y como lo viene haciendo el candidato del Partido Popular. Estos comportamientos deben penalizarse en las urnas, de forma clara y rotunda, ya que alguien que es capaz de hacer eso no es de fiar. Alguien que hace un uso absolutamente execrable del terrorismo y cuestiona hasta la profesionalidad de los carteros y de su trabajo en este proceso electoral, debe ser descartado automáticamente.