El acuerdo alcanzado por PP y Vox para conformar el próximo gobierno de Castilla y León ha sido “una triste sorpresa” y “una capitulación”. Las calificaciones no son mías, sino del presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia y anterior presidente del Consejo Europeo.
Facebook me recordaba esta semana que hace cinco años – un 7 de marzo de 2017-, le reprochaba en el Senado al Partido Popular la paralización total de las obras del AVE en nuestra provincia. En aquel momento, Rajoy llevaba cerca de seis años al frente del Gobierno de España y, en ese tiempo, las únicas obras que había visto esta infraestructura eran las del tapiado de los túneles de Sorbas, algo que el PP había consumado tres años antes.
A día de hoy, la mitad de la población sigue cargando con un mayor peso sobre sus espaldas solo por el hecho de ser mujer. Las mujeres siguen teniendo una tasa de desempleo mayor que la de los hombres, siguen cobrando menos, siguen ocupándose mayoritariamente del trabajo doméstico y de cuidados, siguen siendo evaluadas por su cuerpo y su imagen, siguen teniendo miedo cuando vuelven solas a casa y, algunas de ellas, lo siguen teniendo una vez que llegan y entran por la puerta.
Lo del PP y los plenos en municipios como el nuestro, Lubrín, empieza a parecerse a aquella comedia que obtuvo el Goya a la mejor película, ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Y es que la portavoz del PP y a la vez secretaria personal del presidente de la Diputación pierde los nervios cuando escucha la palabra mascarillas, porque, claro, si en su turno de palabra vinculan a un teniente de alcalde con el alcalde por un acto administrativo firmado por este último en el año 2004, la pregunta se traslada a 2022 y lo vivido en Diputación con la trama de las mascarillas. Entonces, ¿el presidente de la Diputación es responsable de los hechos acontecidos con su vicepresidente en el Caso Mascarillas?
La próxima semana todos los demócratas tenemos una cita ineludible en las calles y plazas de nuestras ciudades para celebrar el 8 de marzo marcado, este año, por una guerra que ha desatado un dictador contra el pueblo ucraniano ante la que la Unión Europea está respondiendo de forma firme y unánime con los mecanismos que tiene a su alcance.
Cuando muchos de nosotros y nosotras, que llevamos muchos veintiochos de febrero a las espaldas, pensábamos que esa lucha, la que representa nuestra bandera, la de la igualdad de oportunidades y la de los servicios públicos, estaba ganada, hemos caído en la cuenta de que tenemos que volver a ondearla con fuerza en nuestras calles.
El Partido Popular está en guerra y descomposición y poco se puede añadir al serial que ofrecen desde hace tiempo. El partido que se vende como alternativa de gobierno está sumido en una crisis sin precedentes y esto, al final, es una preocupación para la democracia y para el sistema de partidos en este país y, sobre todo, representa un peligro por el aumento del populismo. Es innegable que el PP es, desde hace tiempo, responsable del auge de la extrema derecha en este país al que le ha cambiado sillones por poder en lugares como Andalucía donde está suponiendo un retroceso para el desarrollo social de la comunidad.
La sociedad andaluza ha emprendido una lucha que no tiene vuelta atrás y que, además, es de justicia: la defensa de la sanidad pública. Las movilizaciones que en este sentido se vienen produciendo en las últimas semanas son una buena prueba de ello y anticipan uno de los frentes en los que se van a dirimir las próximas elecciones en Andalucía. A todos los andaluces y andaluzas nos va a tocar elegir entre un modelo de servicios públicos de calidad o aquel en el que hay que tirar de tarjeta, pero no de la del SAS, sino de la de crédito.
El Partido Popular está empezando a pagar muy caro el blanqueamiento político que le viene haciendo a la extrema derecha, de la que ha tirado y tirará para asegurarse gobiernos sin reparo alguno. Ahí están los acuerdos que firmó con Vox para para la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía, la de López Miras en Murcia o la de Díaz Ayuso en Madrid, que además han contado en la mayoría de los casos con el beneplácito del partido, -cada vez más irrelevante-, que lidera Arrimadas.
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