Opinión

Hace una semana que conocimos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregaba al Juzgado de Instrucción número 3 de Almería un gravísimo informe sobre las irregularidades detectadas por la policía durante una década en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que dirige el número uno del PP en la provincia, Gabriel Amat. Incomprensiblemente, a día de hoy, el PP guarda un mutismo inaceptable sobre unos hechos que ya deberían haber supuesto la renuncia del alcalde y la reacción de su partido apartándolo de la vida pública para lavar la institución que representa.

Cada día, sin excepción, y en cualquier medio de comunicación nos encontramos ante la evidencia del colapso en el que se encuentra la sanidad pública andaluza. Las televisiones de ámbito nacional nos muestran colas de pacientes a las puertas de su centro de salud esperando a ser atendidos. Imágenes que, aunque no veamos en Canal Sur y aunque no sean comentadas por el presidente Moreno Bonilla, existen. Y están porque las vemos los pacientes y el personal sanitario. Comprobamos con rabia que la atención primaria, el escalón fundamental para la detección de los casos de Covid-19 y que, por tanto, se pueda evitar una hospitalización, está desbordada. Citas que llegan, como muy pronto a las dos semanas,  profesionales estresados, usuarios descontentos e insatisfechos con la atención recibida por parte de unos profesionales que no dan abasto y que son obligados por la Junta a diagnosticar con una llamada telefónica. Ese es el desolador panorama de la sanidad pública andaluza que tanto hemos mimado y por la que tanto hemos procurado los socialistas desde el Gobierno andaluz.

El presidente de la Junta afirmaba hace unos días sin ningún rubor que Andalucía estaba a la vanguardia contra el coronavirus. Lo hacía durante el anuncio de la compra de test rápidos para la detección del Covid-19. Se trata, lamentablemente, de una muestra más de la frivolidad y de la falta de respeto de Moreno Bonilla hacia la ciudadanía andaluza quienes asistimos diariamente y con mucha angustia a un aumento de contagios, a un descontrol en la gestión de PP y Cs y al uso de la mentira para, precisamente, desviar esa incapacidad para dirigir la situación pese a que reclamaban desde antes de verano al Gobierno de España retomar el mando en la comunidad. Aún no sabemos para qué lo querían.

En un país avanzado como España la educación pública nos afecta a todas las familias directa o indirectamente y es una de nuestras principales preocupaciones. A esto se une el hecho de que esta pandemia nos ha obligado a convertir nuestras casas en ambientes de aprendizaje y a valorar más aún la importancia que adquiere la unión entre todos los agentes educativos cuyo deseo es garantizar el derecho a la educación. En este contexto, no es de extrañar que la educación sea el elemento común de conversación y preocupación en todos los hogares de este país y, mucho más, ahora que estamos centrados en una vuelta al colegio segura y con garantías para el alumnado.

Si tuviéramos que definir nuestro mes de agosto como almerienses no caben más palabras que pesadilla, bofetada y azote del coronavirus en la provincia, donde hemos pasado de ser la segunda provincia de Andalucía con menor incidencia de la pandemia e incluso objeto de la ocurrencia de Moreno Bonilla de iniciar aquí la desescalada como experiencia piloto, a ser la segunda provincia con mayor número de brotes y contagios sólo por detrás de Málaga, con 20 fallecidos y 3.000 casos activos sólo en el mes de agosto, lo que supone el 73% de todos los positivos desde el mes de marzo.