Cualquier equipo jurídicomdesearía una prueba tan irrefutable para ganar un caso como el ocultismo mantenido desde el equipo de Gobierno del PP de Pulpí sobre la visita de Pablo Casado a la Geoda el pasado día 12. En circunstancias normales, las redes sociales municipales, vehículo de propaganda de primer orden, hubieran ofrecido hasta el más mínimo detalle del evento, acompañado de un gran despliegue gráfico.
Durante estos meses de pandemia, los españoles hemos estado aterrados por los efectos sanitarios del covid-19, a la vez que preocupados al comprobar los efectos sociales y económicos que iba dejando en nuestra sociedad esta pandemia, con cifras de paro y de destrucción del tejido empresarial tan alarmantes como las de la última crisis económica del 2010, aunque ahora concentradas en apenas seis meses.
Qué pena que siendo uno de los principales motores económicos y productivos de nuestra provincia, nuestro pueblo siempre haya de ser noticia por algún hecho negativo. Me resulta tan preocupante como triste que, los ejidenses, titular tras titular, pieza informativa tras pieza informativa, parezca que ya nos hemos acostumbrado a saltar a la palestra mediática, prácticamente con asiduidad, por la salida de tono de turno o las causas judiciales abiertas de sus alcaldes o exalcaldes. El Ejido no merece destacar por lo que hacen mal sus gobernantes. No es justo y no lo merece.
Ha pasado poco más de un mes desde que el equipo de gobierno del PP convocara de manera urgente ─tan urgente como para recibir la convocatoria pasadas las nueve de la noche del 23 de junio y ser citado para la mañana siguiente─ un Pleno para apuntarse un tanto que, finalmente, ha derivado en incompetencia y embrollo. Esa premura del alcalde y su equipo invitaba a pensar que estuviera provocada por una situación de emergencia sobrevenida, y que requería una decisión transcendental e ineludible para la vida municipal. Pero, ¡oh decepción!, solo se trataba de solucionar el resultado de su desidia en la ‘operación Espíritu Santo’. Una desidia, por otra parte, que no se compadece, o no debería, con los 3.000 o 3.500 euros al mes que cobran los miembros del equipo de gobierno, que seguro no habrán teletrabajado mucho durante el confinamiento ni les ha afectado ningún ERTE.
Los senadores y senadoras socialistas de Andalucía hemos firmado un recurso para llevar al Tribunal Constitucional el ‘decretazo 2/2020’ del Gobierno de las derechas de Andalucía (PP, Cs y Vox), que supone un retroceso inaceptable en la protección y conservación ambiental de la región. Este cambio normativo ha puesto en pie de guerra a toda la oposición y a decenas de organizaciones sociales y ecologistas de toda España, que ven en lo aprobado por el Ejecutivo que preside Moreno Bonilla la manera de abrir la mano a la especulación urbanística.
Cuando hace un mes finalizaba el estado de alarma y el mando en la gestión de la pandemia pasaba a las comunidades autónomas, nadie habría adivinado que hoy nos encontraríamos como nos encontramos: con 24 brotes activos de coronavirus repartidos por prácticamente todas las provincias andaluzas y con un descontrol que empieza a ser más que alarmante.
Finalizando esta complicada semana, en la que los datos de positivos oficiales de la Junta de Andalucía han puesto a Roquetas de Mar como el principal foco de rebrotes de toda Andalucía, hay muchas reflexiones que hacer. Empezando por el desastre que ha sido el análisis de casos, ya que tras meternos el miedo en el cuerpo y destrozar las perspectivas de negocio del sector turístico para esta temporada, ahora la Junta de Andalucía nos dice que puede haber habido un número indeterminado de falsos positivos y que habrá que repetir pruebas.
Nuevamente volvemos a vivir momentos de máxima preocupación e incertidumbre, sobre todo ahora en Andalucía, al ocupar el triste ranking de ser la comunidad de España con mayor número de rebrotes de coronavirus activos, con una tasa de contagio preocupante y con provincias donde los positivos notificados, como es el caso se Almería, se han disparado en los últimos días. Todo esto ocurre sin que nuestro mando único, el que ostenta Moreno Bonilla desde que terminó el estado de alarma, haya dicho nada, salvo el anuncio a empujones y a remolque del uso obligatorio de la mascarilla, cuando la realidad es que otras comunidades ya lo han puesto en práctica.
La reacción de los responsables de PP y Cs después de que se conociera la intención del Gobierno andaluz de autorizar la apertura de un hotel de lujo en mitad del valle de Los Genoveses recuerda a una estampida. La huida en todas las direcciones, sin lógica ni concierto, de los representantes de los dos partidos del gobierno de Moreno Bonilla es absolutamente indecente.
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