EL EJIDO. El PSOE de El Ejido considera innecesaria la creación de un registro de ADN de perros

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido, María José Lezama, con Juan Alberto Castillo y Alonso Ponce
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido, María José Lezama, con Juan Alberto Castillo y Alonso Ponce

Los socialistas ejidenses consideran que la puesta en marcha de esta medida perjudicaría a los propietarios responsables, y aseguran que hay dudas jurídicas y científicas sobre esta medida, por lo que han registrado un escrito en el que solicitan que no se realice

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de El Ejido ha presentado un escrito en el que solicita que no se incluya en el registro municipal de animales de compañía un perfil del ADN de los perros, por considerarlo una medida cara, poco práctica e injusta con los propietarios responsables.

Según explica la concejala socialista María José Lezama, “nos hemos puesto en contacto con colegios de veterinarios y con sociedades protectoras de animales, y la posición mayoritaria de todos ellos es que el registro de ADN no es conveniente ni necesario, entre otras razones, porque hay dudas científicas y jurídico-técnicas al respecto”.

Lezama señala que “el procedimiento propuesto por el Ayuntamiento en este sentido incluye la realización de una analítica, con la que se identifique el ADN del animal, y la creación de una chapa numerada que el animal deberá llevar en el collar. Ahora mismo, los perros ya se encuentran debidamente identificados por medio de un chip, y aquellos que incumplen la normativa y no están identificados, difícilmente van a cumplir la nueva normativa y van a llevar a cabo todo este proceso, por lo que solo va a perjudicar a los propietarios responsables”.

La concejala socialista añade que, “con respecto al proceso de recogida de excrementos, análisis y sanción, existen dudas jurídicas y técnicas acerca de su validez como prueba para sancionar al propietario del animal, pudiendo derivar en procedimientos judiciales en los que las posibilidades de ganar y mantener la sanción sobre el propietario son más que dudosas, salvo que la infracción haya sido presenciada por un funcionario, en cuyo caso, evidentemente, la prueba de ADN no hace ninguna falta”.

María José Lezama concluye que, “en definitiva, es un procedimiento que va a tener un elevado coste para los usuarios, un coste difícilmente cuantificable, pero posiblemente alto para el Ayuntamiento, y una eficacia más que cuestionable. Por todas esas razones, pensamos que este registro de ADN es caro y posiblemente poco útil, y sería mucho más eficiente la realización de campañas de concienciación y el aumento del control y vigilancia”.