Lorenzo insta a la Junta a que colabore con el Gobierno central para que los regantes tengan agua asegurada, independientemente de si llueve o no
El parlamentario y secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha acusado al Gobierno andaluz de estar “politizando un bien público” y “haciendo bandera de la confrontación entre territorios”, al haber elevado al Parlamento de Andalucía una proposición no de ley sobre el trasvase Tajo-Segura.
En su intervención ante el Pleno del Parlamento, Juan Antonio Lorenzo ha tildado de “grotesco” que los representantes del Partido Popular estén clamando por la posible reducción de 2 hectómetros cúbicos del agua trasvasada a Almería, al tiempo que, con su gestión al frente de la empresa pública Galasa, están permitiendo que se pierdan cada año 7 hectómetros cúbicos por las fugas existentes en las redes de distribución del Levante y el Almanzora. “Si a ustedes les hubiera importado el problema del agua, ya habrían actuado para realizar obras de emergencia que pusieran fin a esas fugas”, ha considerado.
“Estamos hablando de un absoluto despropósito”, ha señalado, criticando que el PP acuda al Parlamento “para hablar de escenarios futuros, cuando hoy mismo mira para otro lado mientras se pierden unos recursos vitales para estas comarcas”. En este punto, Lorenzo ha lamentado que la enmienda a la proposición no de ley presentada por el PSOE, en la que se pedían las obras necesarias para acabar con estas fugas, no haya podido “ni siquiera debatirse”, al haberse negado a calificarla la Mesa del Parlamento, donde el PP tiene mayoría.
Agua garantizada
El responsable socialista ha desmontado el “relato ficticio” que alimenta el Partido Popular sobre “un imaginario plan ideológico para acabar con el trasvase”, recordando que, en el período 2014-2017, con el gobierno del PP se trasvasaron del Tajo-Segura a Almería 21,2 hm3 para riego, mientras que en el período 2018-2021, con un presidente socialista al frente del gobierno, se trasvasaron 29,3 hm3, lo que supone 8,1 hm3 más.
Por otra parte, también ha recalcado que el Gobierno central, más allá de estar obligado a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, está elaborando nuevos planes hidrológicos “teniendo en cuenta el contexto actual, que no es otro que una crisis climática que nos lleva a episodios de sequía extrema”. Ante este escenario, el Gobierno de España “ha diseñado un plan de inversiones sustentado sobre el objetivo de dotar a la cuenca demandante de un escenario de estabilidad hídrica, con recursos que no dependan de que llueva o no”. “Necesitamos fuentes alternativas a los trasvases cuando estos no se puedan realizar”, ha defendido.
En este punto, ha recordado que el Gobierno de España está trabajando para dar a los agricultores de Almería “certidumbre y seguridad”, con la ejecución de infraestructuras de producción y gestión de agua desalada y de agua regenerada. Así, se ha referido a las importantes inversiones contempladas para la ampliación y modernización del parque de desaladoras de Acuamed en Almería y, “dada la especial incidencia que los costes energéticos tienen en la producción de agua desalada”, también para la dotación de parques fotovoltaicos de autogeneración para cada una de las plantas. Además, también ha subrayado que el Gobierno trabaja en arbitrar una medida transitoria para suministrar el agua con unos precios similares a los que se han sostenido en 2022 mediante la aplicación del decreto de sequía.
En concreto, ha detallado que las inversiones previstas por el Gobierno para desalación en la provincia de Almería alcanzan los 125 millones de euros y permitirán producir unos 40 hectómetros cúbicos. A esta cantidad se añaden otros 100 millones de euros para la mejora de regadíos.
Colaboración
Lorenzo ha subrayado que el PSOE “siempre va a estar al lado de los regantes” y ha pedido al Gobierno andaluz que colabore con el Gobierno central para incrementar los recursos hídricos y abaratar su coste: “Hagan ustedes las obras que son de su competencia: desbloquen la gestión de la línea eléctrica que abastecerá a la desaladora del Bajo Almanzora, adjudiquen las concesiones de los caudales a los regantes y eviten las cuantiosas e inasumibles fugas de las redes de abastecimiento de Galasa; colaboren, en lugar de alimentar una nueva guerra del agua que tiene, exclusivamente, fines políticos y electorales en Andalucía.