Fuensanta Coves critica el boicot del Gobierno a la subasta y las amenazas y la extorsión a empresas y laboratorios que participaron en ellas: “El ministerio siempre cumple sus amenazas, con un comportamiento que recuerda más a la Cosa Nostra que a un gobierno democrático”
Exige al Ministro Alonso que ordene el cese del hostigamiento a Andalucía por el tema de selección de medicamentos y que “desautorice” a Moreno Bonilla por las irresponsables declaraciones cuestionando la calidad de los fármacos
Asegura que las razones del acoso del Ejecutivo del PP son únicamente políticas y afirma que Andalucía se ha convertido en un testigo incómodo para sus intereses privatizadores
Fuensanta Coves ha subrayado, esta tarde, que la subasta de medicamentos en Andalucía es una iniciativa que está ayudando a que la sanidad andaluza sea una sanidad universal, pública y gratuita y ha cargado contra el Gobierno central del PP al asegurar que “donde ustedes ven un negocio, nosotros vemos un derecho”.
Coves, senadora andaluza, interpeló sobre este asunto al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y criticó el boicot que ha sufrido Andalucía por parte del Ejecutivo del PP así como los obstáculos, las amenazas y las alarmas que hicieron saltar los populares en relación al supuesto descenso de la calidad de los fármacos y al peligro del desabastecimiento, especulaciones que fueron, posteriormente, desmontadas.
La parlamentaria del PSOE comenzó su intervención destacando el progreso de la sanidad y los proyectos pioneros en los que se embarcó Andalucía, el buen hacer de los profesionales sanitarios y recordando que estos hitos médicos y científicos se llevaron a cabo en centros sanitarios públicos y no privados.
A continuación, explicó que la crisis provocó que se tomaran medidas para hacer más sostenible y eficiente el sistema sanitario y se adoptaron nuevas medidas de ahorro como las cinco subastas de medicamentos que se han puesto en marcha a pesar del boicot, de las dificultades, de los recursos ante el TC y del acoso, en definitiva, que el Gobierno central ha sometido a Andalucía.
“Frente al euro por receta, el copago o repago de medicamentos por parte de los pensionistas y las ansias por privatizar la sanidad de Mariano Rajoy, en Andalucía optamos por rebajar el margen de beneficio a los laboratorios”, espetó la senadora al titular de la cartera de Sanidad.
Fuensanta Coves recordó que los tribunales están avalando la actuación del gobierno andaluz y precisó que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha aclarado que “no se ha acreditado la reducción de la calidad y la eficacia de la prestación farmacéutica, no se ha probado el riesgo de desabastecimiento” y ha agregado que “los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los intereses generales de reducción del gasto farmacéutico”.
En este punto, Coves denunció que el ataque del Gobierno a la selección de medicamentos en Andalucía no sólo se ha hecho desde el plano legal y detalló que se han utilizado todos los resortes del Estado y que incluso se ha llegado a rozar la extorsión con amenazas a laboratorios y a empresas que, en algunos casos, fueron castigadas por no seguir las directrices del Gobierno y fueron obligadas a bajar sus precios un 20% en toda España: “El ministerio siempre cumple sus amenazas, con un comportamiento que recuerda más a la Cosa Nostra que a un gobierno democrático, porque esto se parece mucho a una extorsión en toda regla”.
En este punto, Fuensanta Coves hizo hincapié en las alarmantes e irresponsables declaraciones del candidato del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que cuestionó la calidad de los medicamentos y aseguró que “tenemos una puja donde se está favoreciendo a empresas que residen en la India. Desconozco el control de la calidad que se hace de esos fármacos”. La senadora aclaró que todos los medicamentos que se comercializan en España son controlados permanentemente, tanto en su producción como en su comercialización, por la agencia Española del Medicamento.
Por otra parte, Coves reconoció que las previsiones de ahorro han sido inferiores a las calculadas (con las tres primeras subastas se han ahorrado 104 millones de euros frente a los 200 esperados) pero matizó que fue debido a que el Gobierno de Mariano Rajoy ha paralizado tres veces el proceso, ha sancionado a empresas que participaron en la primera selección y ha presionado y convencido a muchos laboratorios importantes para que no acudieran al concurso, de forma que en alguna subasta no se han podido adjudicar todos los principios activos por falta de oferta.
Tras la intervención del Ministro, la senadora andaluza reiteró que “queda claro que las razones de su acoso para paralizar la selección de medicamentos en Andalucía es una cuestión política, de ideología, de confrontar su modelo y el nuestro, el del PP y el del PSOE. Parece que las cuestiones legales son el instrumento, nada más. Simplemente, esta medida ha hecho reaccionar al Gobierno de una manera furibunda porque Andalucía puede demostrar que, efectivamente, una sanidad pública, universal y gratuita, es posible. Somos, ni más ni menos, que un testigo incómodo para sus intenciones, que no es otra que la privatización de la sanidad pública”.
La senadora andaluza incidió en la idea de que “donde ustedes ven un negocio, nosotros vemos un derecho” y recordó que “desde que en 2012 implantaron el Real Decreto en el que se establece el copago, la factura farmacéutica de 2014 ha aumentado en 180 millones de euros con respecto a 2013 y todo ello a pesar de que se ha impuesto el euro por receta y un copago a los pensionistas, a las ortopedias y a los enfermos crónicas. Desde que el PP gobierna, se han expulsado de nuestro sistema a más de 800.000 personas. Son medidas fracasadas y lo cierto es que pocas lecciones pueden darnos desde el Partido Popular”.
Fuensanta Coves precisó que las consecuencias de esta política del copago son nefastas y se refirió al cierre de servicios, al recorte de prestaciones y al deterioro de la calidad asistencial: “Estas medidas traen consigo una disminución de la calidad del servicio, una reducción de los derechos ciudadanos en la atención sanitaria y un recorte en las prestaciones”. Coves aclaró que “No les vamos a seguir en lo que se refiere a las estrategias para ahorrar” y detalló que “dos de cada diez pensionistas a los que se les ha impuesto un copago han dejado su tratamiento porque no pueden pagarlo y esto ha hecho que se incremente el gasto sanitario como consecuencia de la pérdida de la adhesión de esas personas al tratamiento que necesitaban”.
La parlamentaria socialista concluyó exigiendo al Ministro Alonso que “ordene el cese del hostigamiento a Andalucía por el tema de selección de medicamentos” y que “desautorice a Moreno Bonilla por las irresponsables declaraciones que ha hecho sobre este tema en Andalucía”.