Sánchez Haro recuerda que el ejecutivo de Susana Díaz resolvió todas las solicitudes de ayuntamientos que ahora paraliza el tripartito de la derecha
El parlamentario andaluz del PSOE de Almería, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido esta mañana a la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, que aumente la partida para sufragar todos los planes de empleo que generarán 2.000 contrataciones por parte de los ayuntamientos de la provincia de Almería y que contaban con un presupuesto de 20,8 millones de euros.
Así, ha recordado, lo dejó dispuesto en anterior ejecutivo de Susana Díaz, que resolvió y notificó las 103 solicitudes presentadas por los consistorios almerienses y que ahora mantiene paralizadas el tripartito de PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, según ha trasladado Sánchez Haro, lo que subyace en el fondo de esta dejadez en la gestión es “que como nunca han querido subir el salario mínimo interprofesional, ahora quieren dilatar todo lo posible la puesta en marcha de los planes de empleo y se lo van a hacer pagar a 2.000 almerienses que están esperando a que se les contrate”. La subida del SMI ha de incluirse en los planes de empleo y la Junta pretende que ese incremento “corra a cargo de los ayuntamientos”, ha añadido; motivo por el que tienen paralizados los planes de empleo aprobados en la anterior legislatura.
“Las derechas del gobierno andaluz convierten en un problema lo que es una bendición para miles de trabajadores, como es la subida del salario mínimo interprofesional”, ha censurado el parlamentario socialista. En su opinión, el incremento del SMI es “una medida social de primera magnitud impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y cuyo incremento, que ha de incluirse también en los planes de empleo, el gobierno de las derechas en Andalucía quieren que corra a cargo de los ayuntamientos con una cofinanciación que saben que supondrá un sobrecoste inasumible para muchos de ellos”.
Las medidas implantadas por el anterior Gobierno socialista contribuyeron, ha constatado el parlamentario almeriense, a disminuir el desempleo por lo que considera que “es necesario que se sigan reforzando las políticas activas de empleo, los incentivos a la contratación o los planes de empleo”. En Almería, “gracias a los esfuerzos realizados por el anterior gobierno socialista de Andalucía”, se han creado 398.400 empleos en los últimos tres años y medio “y reducir el número de parados en medio millón de personas en nuestra comunidad”, ha trasladado.
En lugar de ver esa realidad, “asistimos de manera recurrente” por parte del gobierno de las derechas a una “campaña de falsedades” que “solo quieren enmascarar una gestión oculta que lleva tras de sí el desmantelamiento de los servicios y programas públicos de empleo”, sospecha Sánchez Haro, quien ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de “propiciar un cambio de modelo que no apuesta por los servicios públicos”. “Lo hacen, además, desacreditando y cuestionando la labor que se hace en el Servicio Andaluz de Empleo y en la Red Andalucía Orienta con el objeto de justificar la entrada de las agencias privadas de colocación”.
A la mentira sobre los planes de empleo se une la que vierte el tripartito de la derecha sobre los incentivos a la contratación. “El anterior gobierno aprobó y puso en marcha la mayor orden de incentivos a la contratación de España, con 74 millones de euros, priorizando a jóvenes, mujeres y colectivos prioritarios”, ha recordado Sánchez Haro, quien ha instado al Ejecutivo del PP, Ciudadanos y Vox a resolver y acelerar las resoluciones de estos incentivos.
“Más de 15.000 solicitudes esperan para incentivar la contratación que combata la temporalidad y la estacionalidad de nuestro mercado laboral”, ha apremiado, y ha preguntado el tiempo que tendrán que esperar los empresarios y empresarias a que “el nuevo gobierno del mal llamado cambio se ponga las pilas para resolver y pagar estos incentivos”.
Los socialistas, ha advertido el diputado autonómico del PSOE de Almería, “no nos vamos a quedar quietos ante la falsa promesa de crear 600.0000 empleos, ni ante la mentira de la herencia de los planes de empleo, ni ante la mentira de la bajada masiva de impuestos, porque creemos que el Gobierno de las derechas en Andalucía solo quiere proyectar que no funcionan los servicios públicos para enmascarar y dejar entrar por la puerta de atrás la privatización de los servicios públicos”, ha denunciado.
“Ahora PP y Ciudadanos tienen la oportunidad de pasar de la teoría a la práctica, de la crítica a la política, de hacer posible todo lo que han anunciado y de explicarlo, pero no parece que lo vayan a hacer, porque no van a dar a conocer los presupuestos hasta después de las elecciones ya que le van a pegar un recorte de categoría a todas las políticas públicas a favor del empleo”, ha vaticinado Sánchez Haro. Recuerda, además, que la Junta “va a contar con 400 millones de euros para políticas activas de empleo que le trasferirá el Gobierno socialista de España sin condiciones y después de cambiar el criterio de reparto a petición del gobierno socialista de Susana Díaz”.
PP y C´s no son nada sin Vox
“Los dos gobiernos de PP y Ciudadanos están paralizados por su incapacidad. No les interesa Andalucía y andan pendientes de la calculadora electoral para ver si les salen las cuentas en Madrid; de ahí que no duden en hacerle el juego a la ultraderecha de Vox”, un partido “al que le consienten todo, porque sin Vox no son nada”. Ejemplo de ello ha sido la proposición no de ley sobre los rescates de Salvamento Marítimo de Vox se va a debatir en el Parlamento de Andalucía “deshonrando a la institución”. “Los almerienses de buena fe, que somos la mayoría no nos sentimos representados por las declaraciones inhumanas de Vox ni por sus socios de PP y Ciudadanos que se las permiten”, ha reprochado Sánchez Haro.
La iniciativa de Vox refleja “un desprecio por la vida humana intolerable, al tiempo que veja a los profesionales de Salvamento Marítimo, a los que acusa de estar presentando un comportamiento presuntamente irregular”. Se trata, en su opinión de una más de la persecución de la ultraderecha a los funcionarios públicos que inició con las personas que trabajan en la prevención del maltrato infantil y el abuso sexual, los que intervienen en los procesos de tutela de menores y violencia de género y muchos de los que realizan peritajes judiciales médicos y psicológicos. “De todos ellos ha pedido Vox los datos para amedrentarlos, algo que resulta absolutamente intolerable”, para el parlamentario socialista.
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