Carmen Aguilar denuncia que se externalizan servicios de la residencia asistida, de la brigada de obras y del servicio de mantenimiento
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha revelado esta mañana en rueda de prensa la “clara intención privatizadora” del equipo de Gobierno del PP de los servicios públicos. Así, lo ha denunciado el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, y la diputada provincial, Carmen Aguilar, quienes aseguran que esta privatización es “latente” en la residencia asistida, en el personal de mantenimiento y en la brigada de obras, donde existe “la casi total externalización a través de empresas privadas” del desempeño de los servicios públicos básicos que se deben prestar a la ciudadanía.
“Mientras que los internos de la residencia asistida han disminuido en un 33%, el personal de lavandería lo ha hecho en un 50%, con lo que, lógicamente, falta lógicamente y así se justifica la privatización de parte del servicio, tal y como está ocurriendo”, ha puesto a modo de ejemplo la diputada socialista. Además, ha añadido que el PP de Diputación acude “cada vez más a empresas privadas para las labores de mantenimiento de los edificios públicos de la Diputación” debido a que ha disminuido la plantilla de electricistas, fontaneros o carpinteros “algo que también está ocurriendo con las brigadas de obras que se encargan del mantenimiento y bacheo de las carreteras provinciales”.
La consecuencia de todo esto, ha incidido Carmen Aguilar es la “privatización total o parcial de estos servicios” y tan malo es esto como sus consecuencias, en su opinión. Entre los efectos nocivos de la privatización figura el encarecimiento en la prestación del servicio y unas “peores condiciones laborales para los trabajadores de esas empresas, frente a un empleo público de calidad, estable y con mejores condiciones laborales”.
A la vista de la situación de los servicios sociales, los socialistas exigen al equipo de Gobierno del PP que “impulse el empleo público” así como que adopte una actitud “negociadora” con los sindicatos para abordar la plantilla de personal y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para 2020, una cuestión que, según denuncia el PSOE, no se ha producido.
“Somos conocedores que la plantilla de la Diputación Provincial, que va anexada y se aprueba con el presupuesto provincial, no es objeto de negociación, sino tan solo ha de darse cuenta a la mesa negociadora para su aprobación por el pleno”, ha argumentado Carmen Aguilar, quien, de todos modos, considera que hubiera sido interesante que hubiera existido un afán negociador con los sindicatos. Al contrario, la RPT, como instrumento técnico sobre el que las administraciones públicas diseñan su estructura de personal para adecuarla a las necesidades del servicio público “sí es objeto preceptivo de negociación”, porque afecta a las condiciones laborales de los empleados públicos de la diputación y aquí “el diputado de Personal, Ángel Escobar, suspende por goleada”, ha valorado la diputada socialista.
“La negociación se basa en la comunicación intercambiando propuestas son los sindicatos, dialogando con ellos y, cuando se haya efectuado una negociación real y efectiva y se encuentren satisfechos con el acuerdo final, se aprueban en la mesa negociadora los acuerdos adoptados”, ha explicado Aguilar a Escobar que “parece ignorar este procedimiento” y también le ha recordado que ningún sindicato ha votado a favor de la plantilla y de la RTP.
“La falta de negociación y transparencia en todo este proceso es el signo más claro y evidente de que el equipo de Gobierno del PP no quiere o no le interesa una paz social con los sindicatos y por ende, con los trabajadores de la Diputación”, ha afeado la diputada socialista, quien ha recordado el apoyo incondicional del PSOE a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que prestan su servicio a la institución provincial.
La foto del PFEA
Por otro lado, Juan Antonio Lorenzo, ha reprochado al presidente de la Diputación Provincial que llamara a más de 80 alcaldes y alcaldesas almerienses para “hacerse una foto” con un mero afán “propagandístico” a cuenta de los fondos del Plan de Fomento al Empleo Agrario (PFEA). El portavoz socialista ha recordado que este plan está financiado principalmente por el Gobierno de España a los ayuntamientos que aporta 9.119.000 euros, mientras que la Junta y la Diputación aportan, además, el 45% de este importe para materiales. Así, de los 4,5 millones que deben invertir estas administraciones, la Junta invierte 3,1 millones mientras que el otro millón procede de Diputación.
Pero, según aclara Juan Antonio Lorenzo, “ese millón lo recoge, posteriormente, Diputación a los ayuntamientos ya que les cobra el 8% por la prestación del servicio”. “Citar a todos estos alcaldes y alcaldesas para hacerse la foto cuando el dinero es de los alcaldes me parece osado, atrevido y arriesgado”, ha valorado. El portavoz del PSOE aclara, igualmente, que si la Junta, tal y como vendieron la delegada del Gobierno y el presidente de Diputación aumenta su aportación un 5% este año es porque “lo arrastra del aumento que realiza, a su vez, el Gobierno de España” con lo que le invita que, en la próxima ocasión, “maticen y digan las cosas como son”.
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191204 Corte PSOE Diputación Carmen Aguilar.Privatización de servicios