La víctima había obtenido una orden de alejamiento que fue violada por su expareja sentimental
Ángeles Álvarez considera “preocupante” que desde algunas instancias se esté minusvalorando el riesgo cierto que corren las víctimas” y califica de “hipócrita” la actitud del Gobierno
La oficina del Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja efectuada por la portavoz de la Comisión mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo, Ángeles Álvarez, y del senador socialista de la misma comisión, José María Burgos, en relación con el crimen de una mujer en Berja (Almería) por parte de su expareja sentimental. La diputada ha señalado que este caso ha sido seguido muy de cerca por el Grupo Socialista en el Congreso que lo ha puesto como ejemplo “del cúmulo de errores que puede llevar a una víctima de violencia de género a la muerte”.
María del Carmen Marín, de 41 años y natural de Berja, murió el pasado 2 de agosto como consecuencia de un apuñalamiento. Un crimen presuntamente cometido por la expareja sentimental de la víctima, que había sido denunciada por violencia de género ante la Guardia Civil el 25 de junio, y que en consecuencia recibió una orden de alejamiento de 200 metros.
El Gobierno reconoció en respuesta a preguntas de la diputada Ángeles Álvarez que “en el momento en el que se produjeron los hechos se encontraba en vigor la prohibición de aproximación y comunicación hacia la víctima, por un periodo de tres meses, impuesta con fecha 8 de julio de 2014”. Con posterioridad a dicha Orden se produce una violación de la misma, motivo por el que el acusado permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el pasado 30 de julio. La orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre. Es decir una fecha posterior a la finalización del arresto domiciliario.
De otras respuestas del Gobierno cabe inferir que “no existió por parte del juzgado señalamiento de alguna otra medida cautelar o de protección, ni se solicitó intervención policial o forense para realizar valoración de riesgo que hubiese activado un máximo nivel de protección como estipula el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia sobre la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre “ha explicado la portavoz.
Por todo ello, Álvarez se ha felicitado que la oficina del Defensor del Pueblo entienda que el caso reúne los requisitos e inicie las actuaciones oportunas ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Guardia Civil. Según Álvarez “otros asesinatos por violencia machista habidos en 2014 acumulan errores que fueron fatales para muchas de las mujeres que demandaron protección al Estado a través de denuncias”. “Es preocupante que desde algunas instancias se esté minusvalorando el riesgo cierto que corren las víctimas”.
Álvarez también ha calificado de “hipócrita” la actitud del Gobierno, “que elude dar explicaciones sobre aquellos casos en que las administraciones tenían conocimiento previo de los abusos, existían órdenes de protección e incluso se habían realizado valoraciones de riesgo sin que el sistema fuese incapaz de proteger a las mujeres”. En este sentido, ha recordado que el Grupo socialista tiene solicitada comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad para que comparta con los grupos políticos la información que las unidades especializadas en violencia de género están obligas a ofrecer sobre los procedimientos de valoración del riesgo y la puesta en práctica de las medidas de protección.
Por último, la diputada ha manifestado que los socialistas ven “cada vez más necesario” habilitar un sistema de seguimiento que permita valorar una buena aplicación de la Ley Ley Orgánica 1/2004.