El sacrificio que vienen haciendo las familias y la clase media trabajadora en estas circunstancias tan excepcionales en las que nos ha tocado vivir, como consecuencia de la pandemia y de las derivadas de la guerra de Putin en Ucrania, tiene que ser compartido por quien está obteniendo extraordinarios beneficios en medio de esta tormenta inflacionista que cada día toca a la puerta de la mayoría de los hogares españoles.
Con esa idea de que quien más puede contribuya al interés general, el Gobierno de España ha previsto recaudar cerca de 7.000 millones de euros en dos años mediante la imposición de dos impuestos temporales a las grandes eléctricas y a la banca, de manera que la justicia social y la fiscal vayan de la mano.
Los bancos españoles, a los que tanto se ayudó en el pasado, tienen una deuda con la sociedad española y es de justicia que, en un momento en el que pintan bastos para la mayoría de las economías domésticas, contribuyan de forma solidaria y equitativa en el reparto de los costes de la crisis, sobre todo si tenemos en cuenta que los bancos repartieron 3.500 millones de euros de dividendos en el primer trimestre del año y que este nuevo impuesto recaudará anualmente unos 1.500 millones.
En cualquier caso, y ante la tentación de que tanto las eléctricas como los bancos pretendan repercutir estos impuestos a los usuarios, el Gobierno ya ha previsto poner un cortafuegos a esa idea que algunos ya mascullaban. Para ello, los socialistas, junto a los socios del Gobierno, hemos registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que, en la práctica, prohibirá que se cometa lo que, a nuestro juicio, sería un abuso inaceptable por parte de estas grandes empresas.
Ni ha sido fácil la salida de la crisis provocada por la pandemia, de la que aún no nos hemos recuperado del todo, ni va a ser fácil salir de la ocasionada por la guerra, pero lo que sí es evidente es que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que no ocurra lo mismo que cuando gobernaba el Partido Popular. Entonces nuestro país pagó una factura tan alta como injusta: más paro –a lo que contribuyó una indecente reforma laboral–, incrementos irrisorios de las pensiones y del salario mínimo, subida de impuestos a la clase media trabajadora y recortes de los servicios públicos.
Frente a la oposición de la derecha, a su negativa a que la banca y las eléctricas paguen también la factura de esta crisis con una parte de sus beneficios, los socialistas vamos a seguir la hoja de ruta que nos hemos marcado, que no es otra que proteger a la mayoría social para que España siga avanzando sin que nadie se quede atrás.