Antonio Martínez, secretario de Organización del PSOE de Almería
El “greenwashing”, la estrategia de mercado que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medioambiente de lo que en realidad son y cuya traducción aproximada al español sería “ecopostureo”, ha sido adoptada en 2019 -con la intensa fe que caracteriza a los conversos-, por el bipartito que desde hace ahora un año rige el gobierno andaluz bajo las imposiciones del #CaneloClimático de Vox.
Desbordados por las evidencias científicas del cambio climático que nos rodean, esas que están sucediendo ahora mismo en el entorno andaluz y almeriense, y con la idea de no aparecer como líderes negacionistas o que no se toman en serio la emergencia climática, los actuales dirigentes andaluces han decido abandonar las políticas ambientales de gestión activa y adaptativa que se venían implementando -esa sí que es una herencia recibida-, han decidido promover la desinformación ambiental y adoptar estrategias de “greenwashing” para ocultar a la sociedad andaluza y almeriense su inacción, cuando no sus ocultas intenciones.
Exentos del conocimiento que nos proporciona la ciencia (expertos en sostenibilidad, clima y energía), dotados de una inesperada falta de conciencia y con una preocupante falta de paciencia para enfrentar los problemas ambientales que no tienen solución inmediata, el gobierno de Moreno Bonilla ha resuelto abandonar las obligaciones que tiene legalmente encomendadas y nos conduce desde la actual situación de daños ambientales temporales hacia una inevitable consolidación permanente de esos daños ambientales.
El presidente andaluz no se da por aludido ante el incremento de la recurrencia de las lluvias torrenciales asociadas a los fenómenos de DANA o “gota fría” que soportamos, la extensión de los periodos anuales e interanuales de sequía y el incremento de las temperaturas medias en tierra y mar, así como todas sus consecuencias ecológicas.
Estamos hablando de un escenario tremendamente complejo para nuestra provincia, con regresiones costeras en el litoral de Adra, El Ejido o Cuevas de Almanzora; el incremento de la desertificación, inundaciones, alteraciones de los ciclos reproductores de decenas de especies vegetales y animales o el incremento de los siniestros forestales fuera de la época de máximo riesgo. De la misma manera, también se observan ya los fenómenos sociales asociados a la crisis climática, como es el caso de la despoblación de los valles y montañas del interior o el abandono de los usos tradicionales.
El Gobierno de las derechas de Andalucía, en lugar de afrontar el problema, asume de manera decidida las técnicas de impostura verde o ecológica, sumándose de manera vehemente a las malas prácticas del marketing empresarial. Así, buscan sin mesura fotos y selfis que les sirvan tanto para hacer un comentario genérico sobre descarbonización que sobre economía circular, sin dejar pasar la oportunidad de inmortalizarse recogiendo plásticos en la playa con voluntarios bienintencionados.
Mientras aseguran que Andalucía va a liderar la defensa del planeta a escala española y europea, su parálisis legislativa y de gestión hace que permanezcan sin desarrollar los Reglamentos de la Ley andaluza de Cambio Climático, aprobada hace un año; sin actualizar el Plan de Acción por el Clima, sin desarrollarse el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones o sin presentar los documentos de la Planificación Hidrológica para el periodo 2021-2027, cuya competencia es de la Junta de Andalucía.
El balance del gobierno andaluz de las derechas no puede ser más desolador: ni un solo nuevo proyecto europeo, ni una nueva idea sobre la que debatir y consensuar para frenar a escala regional los riesgos asociados a la catástrofe climática a los que nos enfrentamos. A esto debemos sumar una muy cuestionable gestión y una más que razonable duda sobre la capacidad de este gobierno para afrontar los desafíos presentes y futuros que marcan el Acuerdo de París, los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.