En la cuestión del agua toda la sociedad debe estar implicada: desde la ciudadanía, a través de la concienciación de un uso responsable, hasta la administración, con medidas tendentes a fomentar la optimización de los recursos, y a ayudar a los sectores que más están sufriendo los efectos de la sequía. En este sentido, una administración no puede obviar su papel y fiarlo todo a la voluntad de la gente y esto es lo que está haciendo, expresamente, el PP de Moreno Bonilla.
La Junta está plagando los medios con publicidad –algo que siempre se le ha dado muy bien y en lo único en lo que han sido capaces de gastar el 100 por 100 de lo presupuestado- pidiendo que nos duchemos en menos de tres minutos y que miremos por el agua para cocinar y para cualquier uso que de ella hagamos. La concienciación, insisto, es fundamental, pero tiene que estar avalada por una administración que dé ejemplo en la gestión y que no descargue su responsabilidad sobre los demás. Hemos regresado de agosto de la misma manera en la que nos fuimos: con un Gobierno autonómico que no asume sus responsabilidades, plano y vacío de contenido e indolente con las consecuencias de la sequía.
Pero ni la consejera almeriense ni Moreno Bonilla pueden seguir eludiendo sus responsabilidades y deben dar la cara ante la situación del agua con respuestas contundentes y no con fotografías sobre actos vacíos de contenido y carentes de solución a corto plazo. El PP andaluz ha insultado, faltado al respeto y mentido a las y los andaluces sobre las inversiones del Gobierno de España y las que son de su competencia en una evidente maniobra para seguir eludiendo su responsabilidad, siendo el PP el único que no la tiene clara. La Consejería que dirige Carmen Crespo es competente en el 100% del saneamiento, depuración y abastecimiento de agua, por lo que si quiere rehuir la responsabilidad, lo que tendría que haber hecho era dimitir.
En Almería, las inversiones previstas por el Gobierno de España para desalación permitirán producir el doble de lo actual y a menor coste. Se añaden otros 100 millones de euros en inversiones para la mejora de la eficiencia de los regadíos y, además, Pedro Sánchez ha arbitrado una medida para bonificar el agua desalada a la agricultura, mientras que Moreno Bonilla se ha negado a poner en marcha una medida similar en las desaladoras que no son del estado.