El calendario ha hecho coincidir en estos últimos días dos asuntos que preocupan enormemente a la sociedad: la violencia machista que niega la ultraderecha, en medio de la injustificable indefinición en la que entra el PP en no pocas ocasiones, y el deterioro que está sufriendo la sanidad pública a pasos agigantados, debido a la desastrosa gestión que está haciendo de ella el Gobierno andaluz. Por lo tanto, salir a la calle a defender derechos y a reclamar unos servicios públicos de calidad se ha convertido no solo en una necesidad, sino en una obligación de la que nadie se puede quedar al margen.
Este 25N hemos visto cómo la derecha ha intentado politizar el Día Internacional Contra la Violencia de Género, desviando la atención hacia la ley del ‘solo sí es sí’ para no hablar de lo verdaderamente importante: las 32 mujeres asesinadas en nuestro país en lo que llevamos de año o que en Andalucía se ha producido un aumento de más del 11% de las denuncias por violencia de género. Por eso, no se entiende que el Gobierno andaluz del Partido Popular, en lugar de alejarse de los postulados de la ultraderecha, siga manteniendo el teléfono de violencia intrafamiliar que le exigió Vox en la pasada legislatura para diluir la violencia machista.
Cuestionar la violencia machista o las leyes –sobre las que tendrán que pronunciarse los tribunales– se ha convertido en el ‘pim pam pum’ de la derecha durante estos días, mientras que Moreno Bonilla evita pronunciarse sobre asuntos de gran calado como el caos que sufre la sanidad pública y que ha llevado a distintos colectivos a manifestarse.
Los sanitarios que se jugaron la vida durante la pandemia y que defienden en la calle los servicios públicos merecen un respeto, como también los más de 80.000 almerienses que aguardan una cita –durante siete meses en algunos casos– para una especialidad hospitalaria, mientras que los profesionales sanitarios se encuentran absolutamente desbordados.
De otro lado, la decisión de no reforzar las plantillas ni aumentar los recursos para mejorar la Atención Primaria ha provocado que hoy tengamos en los centros de salud de la provincia en torno a 500 profesionales menos de los que necesitamos para atender como es debido a las personas que acuden a una consulta.
La gente se está jugando literalmente la vida cuando no se la atiende como es debido, cuando una dolencia inicial leve desencadena un problema serio de salud o cuando no se detecta una enfermedad grave a tiempo. Por eso, es hora de decir alto y claro que no queremos este tipo de sanidad pública, que no podemos permitirlo.