Antonio Martínez Rodríguez, senador por el PSOE de Almería
En plena crisis del coronavirus y en un acto de “trilerismo” político incalificable, el Gobierno andaluz de las derechas nos ha colado, aprovechando la situación tan excepcional que vivimos, un Decreto-ley que modifica 21 leyes y 6 decretos. Esta nueva normativa, que se camufla bajo el título de ‘mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía’, es en realidad una puerta abierta a la ley de la selva, a la desregulación y al desarrollismo desaforado; a la cultura del pelotazo que inventó otro líder popular que recientemente se ha refugiado en Marbella.
El decreto ley, que solo ha contado con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha sido rechazado por la oposición parlamentaria, los agentes sociales, sindicatos, consumidores, ecologistas y decenas de organizaciones, que consideran que el Gobierno andaluz ha aprobado a hurtadillas un decreto que de la noche a la mañana ha sustituido el modelo de desarrollo sostenible de nuestra tierra por el de ‘todo vale’.
El presidente del Ejecutivo andaluz, Moreno Bonilla, ha tocado fondo con esta maniobra, que se une ineludiblemente con su negativa a comparecer en el Parlamento andaluz para dar cuenta de su gestión al frente de la crisis sanitaria que vivimos y en la que, muy a su pesar, tiene un espejo en el que mirarse. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ya se ha sometido al escrutinio del Congreso hasta en tres ocasiones. Pues bien, en lugar de eso, que sería lo lógico y saludable, Moreno Bonilla ha metido con calzador en la Diputación Permanente un decreto que solo sirve para fomentar el ladrillazo y la especulación. Ya ven, la cara y la cruz de la moneda en tiempos de coronavirus.
En esto sí se ha empleado a fondo la derecha, en superar con una sola norma y sin trámite parlamentario, decenas de años de debate constructivo, eficaz, leal, participativo, transparente y serio, que han permitido un desarrollo legislativo a favor del medio ambiente y la sostenibilidad de la actividad económica de los andaluces y andaluzas.
Los socialistas hemos apoyado todas las medidas que la Junta ha puesto encima de la mesa para atajar la crisis sanitaria y la recesión económica provocada por el coronavirus, pero hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo. Por eso, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional este decreto, que en esencia es un atropello a nuestra democracia.