El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde este martes a sus terceros Presupuestos Generales del Estado y, con ello, ha acallado a aquellos que aseguraban que no sería capaz de sacar adelante ningún presupuesto y que nos esperaban años de cuentas prorrogadas y el caos más absoluto.
Frente a todos esos agoreros, frente a los que pronostican a diario la incertidumbre y la inestabilidad, la aprobación de estos presupuestos viene a dar seguridad, algo especialmente significativo en el contexto internacional que vivimos.
Estos terceros presupuestos del Gobierno buscan dar mayor protección a todos los españoles, principalmente a la inmensa mayoría de clases bajas y medias, otorgando más recursos para su vida cotidiana y mucha tranquilidad a sectores tan numerosos e importantes como los pensionistas –garantizando sus pensiones de hoy y las del mañana–, los estudiantes, nuestros jóvenes, trabajadores, parados, pymes y empleados públicos, junto al resto de sectores que de una forma u otra necesitan de la estabilidad de unos presupuestos para sus negocios, acciones y proyectos de vida.
Dar respuesta a la inmensa mayoría de los ciudadanos es la clara orientación política del Gobierno y del mejor instrumento que tiene, que son los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, y en este momento internacional de crisis, el Gobierno ha incluido en estas cuentas la mayor partida de gasto social de la historia para que el estado del bienestar no se resienta, algo que ha sido posible gracias al crecimiento que está registrando la economía de España, por encima incluso de la media de la zona euro.
Estos presupuestos van a ser el instrumento de protección y estabilidad que requiere nuestro país en este momento de guerra y crisis en Europa, mientras se cumple con los principios de prudencia y responsabilidad fiscal que tanto se echan en falta en los modelos de la derecha, como hemos visto estos días con decisiones, como la de Moreno Bonilla, que sólo benefician a los que más tienen, perdonándoles tributos. Afortunadamente, enfrente hay un Gobierno de España que aplica la progresividad y la justicia social en la política de ingresos para poder responder a la modernización de nuestro país y a las necesidades de una población que necesita estar protegida.