La dependencia es un estado permanente en el que se encuentran las personas que, por diversas razones, necesitan de atención o ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. La Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2006, supuso un avance en lo que se conoce como derecho de bienestar.
Existe otro tipo de dependencia, la social, que afecta a personas que tienen un elevado grado de discapacidad o disfuncionalidad y que necesitan de la ayuda de terceros para subsistir. Un ejemplo de ello son las personas mayores que precisan de colaboración para alimentarse o desplazarse. España es uno de los países con mayor esperanza de vida y esa ventaja evidente comporta, a la vez, el aumento de los cuidados a la población de edad más avanzada.
El Gobierno de Mariano Rajoy recortó en 3.000 millones la Ley de Dependencia de los cuales 730 millones correspondían a Andalucía. Quien llevó a cabo este brutal descenso fue el actual presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, durante su etapa como secretario de Estado. Intentó acabar con la ley social más importante aprobada en España y, al final, retrasó la entrada de los dependientes moderados, eliminó la cotización a la Seguridad Social de las 55.000 cuidadoras familiares en Andalucía, les recortó la prestación económica un 15% y redujo el número de horas de la ayuda a domicilio a las personas que eran atendidas, y todo por favorecer a las empresas privadas.
Como bien dice el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, con Moreno Bonilla Andalucía ha pasado de ser un ejemplo en la aplicación de la Ley de Dependencia a ocupar el penúltimo lugar del país; una nefasta gestión que afecta a miles de familias y que pone en peligro este derecho. Si Moreno Bonilla presumía en 2022 de superávit, ¿por qué alarga hasta casi los 700 días la espera para una valoración que garantice la prestación? Las personas en situación de dependencia viven una dura realidad en Andalucía que no puede ocultar la demagogia y los millones de publicidad engañosa del PP de Moreno Bonilla.
El presidente andaluz insiste en desmontar la ley y apuesta por una Dependencia ‘low cost’ en la que gastar poco por persona para dar una pésima calidad con menos horas de atención y favoreciendo, así, el negocio de las empresas privadas, y esto perjudica a las trabajadoras y trabajadores que merecen un sueldo digno y a las personas mayores que necesitan más horas de ayuda a domicilio para su bienestar.
A esto hay que añadir una lista de espera oculta de personas que han solicitado revisión del Plan individual de atención para ampliar las horas de atención o cambiar los recursos necesarios por haber empeorado desde que se produjo su valoración inicial. Hay personas que llevan más de un año esperando y de las que ni siquiera existen datos. En total, en Andalucía, hay más de 70.000 personas en lista de espera de dependencia lo que sitúa a nuestra comunidad a la cola nacional en agilidad en la tramitación de esta ley.
La gestión del PP andaluz en la Junta en materia de dependencia tiene la sombra de las cifras. En 2021 fallecieron casi 37.000 andaluces en situación de dependencia, 9.000 de ellos estaban en listas de espera con todos los plazos ampliamente superados y sin respuesta alguna, sin haber recibido la prestación de dependencia. Esto es absolutamente intolerable, pero es la gestión del Gobierno de las derechas. Sin embargo, desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo Nacional, ha aumentado considerablemente la financiación estatal para esta ley. Sólo este año se han incrementado en un 23% los recursos en los Presupuestos Generales del Estado. Si Moreno Bonilla recibe mayor financiación que nunca del Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar las listas de espera, ¿por qué ha dejado de invertir en la mejora de nuestros derechos?