Ángeles Castillo Muñoz, diputada provincial del PSOE de Almería
Dice un buen amigo mío que con los años, a través de la experiencia y las vivencias acumuladas, uno aprende a tolerar ciertos grados de hipocresía en las personas. Sin embargo, en algunos casos, puede resultar insufrible sobrellevar ese fingimiento como algo cotidiano y aceptable en nuestras vidas.
Llevamos años observando, a veces desafortunadamente impasibles, las políticas migratorias que viene desarrollando el Partido Popular.
Esas políticas, desplegadas desde el Gobierno de nuestra nación, se resumen en concertinas en las fronteras y devoluciones en caliente que atentan contra los derechos humanos. También en centros de internamiento de extranjeros en situaciones infrahumanas y de hacinamiento de personas o en la retirada de la tarjeta sanitaria a más de 700.000 extranjeros.
Resultan difíciles de olvidar las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, cuando en el año 2015 dijo que la “la capacidad de acogida de refugiados en España está muy saturada por la inmigración irregular, una situación a la que no tienen que hacer frente otros países de la U.E.”
Expresiones e intenciones vergonzantes que aunque el Partido Popular quiso rectificar a posteriori, aceptando un número de refugiados para ser acogidos en nuestro país, lo cierto es, que una vez más, hemos comprobado que la palabra del PP no ha valido nada. Hasta en esto han sido capaces de mentir a toda la sociedad española.
La verdad constatable es que, según datos de Amnistía Internacional, de las 17.337 personas que el Gobierno del Partido Popular, se comprometió a acoger, solo se han hecho efectivas 1.488 a día de hoy.
Es fácil que alguien también pueda utilizar la palabra hipocresía, como “fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades, generalmente positivos, contrarios a los que en realidad se experimentan”, cuando ve a algunos dirigentes del Partido Popular en las concentraciones por las muertes que se producen en el tristemente famoso “cementerio” del Mar Mediterráneo. Sin ningún tipo de pudor, ocupan las primeras filas poco después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, diga que “hay que concienciar a las ONG de que no favorezcan la inmigración irregular”, en un vil intento de culpabilizar de una situación a quienes se emplean a diario en una tarea, la de salvar vidas, que deberían afrontar los gobiernos europeos, incluido el español.
En lo que llevamos de año 2017, se estima que unas 2.000 personas han muerto en el Mediterráneo sin que se haya activado la alarma de la emergencia social y humanitaria que Europa debería de abanderar. Estamos, a pesar de la cortina de silencio que a menudo se corre sobre este asunto, ante un drama de dimensiones épicas e intolerables en el que nadie puede mirar hacia otro lado.
Reproduciendo las palabras de Barack Obama ante la crisis de refugiados, asimilables a la situación migratoria que se vive en nuestro país y en Europa “La historia nos juzgará duramente si no estamos a la altura”. También si seguimos permitiendo que la hipocresía campe a sus anchas, añado.