Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España en este mes de enero solo se pueden calificar de históricas. A la subida de las pensiones a más de 110.000 almerienses, se ha sumado el anuncio realizado por el presidente, Pedro Sánchez, de aumentar en un 8% el Salario Mínimo Interprofesional, que va a beneficiar en nuestra provincia a unos 160.000 trabajadores y trabajadoras.
Esta subida del salario mínimo, que ha sido pactada con los sindicatos, nos sitúa como uno de los países de la OCDE que más lo ha aumentado. De hecho, hemos pasado de los 735 euros en los que estaba fijado en 2018 con el Gobierno del PP hasta los 1.080 de este 2023 con Pedro Sánchez; es decir, 345 euros más. De esta manera, el Gobierno de España cumple con su compromiso de situarlo en el 60% del salario medio de España.
Esta subida es mucho más importante, si cabe, en un momento en el que el incremento de los precios provocado por la guerra de Putin en Ucrania se ha descontrolado en toda Europa. A pesar de todo, España es el país de la zona euro con una menor inflación gracias a las medidas que el Gobierno de España viene aprobando en cada Consejo de Ministros, conformando así un gran escudo social.
Además, el aumento del salario mínimo tiene como derivada que sean fundamentalmente las mujeres y los jóvenes los principales beneficiados, puesto que son los colectivos donde la brecha salarial se ha cebado históricamente.
El impacto de la medida también se va a dejar notar en el conjunto de la economía almeriense, ya que el incremento anual del total de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras que perciben el salario mínimo alcanzará los 180 millones de euros.
La subida del SMI se une, como decía antes, al aumento de las pensiones, pero también a otras medidas que se están aplicando para favorecer a las familias con menos recursos, como es el caso del bono social eléctrico, el cheque de 200 euros para rentas por debajo de los 27.000 euros y la prórroga de la reducción del IVA de la electricidad y el gas, que se suma a la rebaja aplicada también a los alimentos básicos que entró en vigor el 1 de enero.
Entre tanto, la oposición, la derecha que se dice moderada y la derecha que presume de radical, sigue votando en contra de cada una de estas medidas, alimentando la estrategia del ‘cuanto peor, mejor’ en una delirante huida hacia ninguna parte.