Los efectos de la invasión de Ucrania siguen marcando la política y, sobre todo, la economía de medio mundo. Los países europeos son los más afectados por la escalada de precios y en España tenemos la suerte de contar con el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar los efectos de esta crisis. Así, nuevamente, ha salido al rescate de familias y empresas con un nuevo paquete de medidas que, sumado a los anteriores, suponen ya una inversión total de 15.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica global.
El Ejecutivo de España es un Gobierno que responde, que se pone de parte de las personas y de las empresas a quienes da oxígeno para que continúen con sus proyectos –de vida o económicos- tratándose de un clarificador ejemplo de política útil y de servicio a la sociedad. Mientras, el Partido Popular sigue generando ruido y tratando de destruir lo que el Gobierno construye por el bien general. El PP, ahora con Núñez Feijóo a la cabeza, sigue demostrando que es un partido que no tiene la más mínima sensibilidad por los problemas de la gente.
¿Qué sería de nuestro país si no se hubieran aprobado todas las medidas sociales puestas en marcha desde el inicio de la pandemia para evitar mayores catástrofes en cada casa y en cada empresa? El PP ha dicho no a todo hasta ahora porque siguen pensando que es mejor que a nosotros y a nosotras nos vaya mal, pero el Gobierno progresista sigue mirando hacia adelante.
La reducción del IVA sobre la electricidad del 10 al 5%, la prolongación de las medidas que se tomaron hace varios meses para paliar los efectos de la crisis derivada de la invasión de Ucrania con la inyección de dinero para flexibilizar los contratos de gas, la ampliación de los descuentos del bono social o la reducción en un 50% del precio de todos los abonos mensuales de los bonos de transporte públicos a nivel de estado y de un 30% para las comunidades autónomas y entidades locales son algunos ejemplos de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que marcan la diferencia.
Además, se mantiene el incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital, se prohíbe suspender suministros de energía, agua y gas para consumidores vulnerables y se ha aprobado una ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con bajos ingresos. Son respuestas de un gobierno que piensa en las personas.