Esperanza Pérez Felices, Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Níjar y Diputada Provincial
El agua, por su escasez debido al cambio climático que algunos se niegan a aceptar, va a adquirir aún más protagonismo en los próximos meses por una sencilla razón. Pasado casi un año de las pasadas elecciones municipales, algunos ayuntamientos van a lanzarse a poner en marcha las adaptaciones de sus planeamientos urbanísticos a la nueva ley del suelo andaluza, que ahora se llama nada más y nada menos que Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es decir LISTA. Su artículo 13 es toda una declaración de intenciones para propiciar un nuevo boom inmobiliario. Las consecuencias las veremos muy pronto.
El problema es la demostrada incompetencia de la Junta de Andalucía en materia de concesiones, y a la vista de las vueltas que vienen dando con los derechos de agua desalada en el campo de Níjar, augura que, además de poner en riesgo sectores como el agrícola o el turístico, también frenarán en seco las pretensiones de crecimiento.
Independientemente del hambre de promoción que se tiene en algunos lugares, y la pena es que no sea precisamente para cubrir el déficit de primera vivienda asequible para los jóvenes, hay una pega extraordinariamente importante. Los planeamientos urbanísticos deberán incorporar detalladamente la información relativa a las demandas y disponibilidad de recursos hídricos. Y, además, es crucial que esta información refleje una planificación responsable y sostenible que contemple tanto la situación actual como las proyecciones de crecimiento, y las posibles variaciones en la disponibilidad de agua ¡Ojo! incluyendo escenarios de sequía.
Y ahora viene lo bueno. En casos donde la concesión administrativa existente no sea suficiente para cubrir las demandas previstas, o bien cuando la ejecución de nuevos planes urbanísticos genere demandas adicionales de agua, será necesario solicitar una nueva concesión o modificar la existente. Algo de lo que saben un montón los regantes del campo de Níjar.
Es decir, la Administración Andaluza tiene la responsabilidad de evaluar la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para satisfacer estas nuevas demandas. Dicho de otro modo, requerirán de un informe específico de disponibilidad de recursos hídricos.
En definitiva, y para poner un ejemplo, se trata de los mismos informes, realizados por las mismas entidades administrativas que, mantienen al campo de Níjar sin concesiones desde hace décadas. Y atentos, que redes como la de Comunidad de Usuarios Comarca de Níjar, está catalogada como una de las más eficientes del país.
Si a ellos, los agricultores, no se les dan las concesiones de agua, pocas esperanzas habrá de concesiones de agua que permitan nuevos desarrollos urbanísticos.
Y la pregunta es muy sencilla ¿quién le quita el tapón a la botella? Agricultura y turismo están bloqueados por una administración autonómica deficiente, lenta, incapaz de cerrar un dictamen o una concesión cuando el litoral de Almería no depende de la lluvia, sino de las desaladoras que causalmente han construido administraciones gobernadas por el PSOE. Quizás por ello les cuesta tanto a estos del PP soltar las concesiones. Aunque claro, tratándose de urbanismo igual ahora corren más.