Los socialistas continúan en la defensa de los derechos de los propietarios de casas irregulares y de futuros compradores
La secretaria de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE de Almería, Sonia Cerdán, ha mantenido una reunión con representantes del colectivo Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN) para analizar el anteproyecto que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha elaborado y cómo va a repercutir en los municipios almerienses. Este borrador presenta cambios sustanciales en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, entre las que cabe destacar la simplificación de la documentación para la elaboración de los Planes Generales.
En esta reunión, a la que también acudieron representantes de los municipios de Cantoria, Partaloa, Albox, Albanchez y Zurgena, preocupados por la repercusión que esta modificación pueda tener sobre sus viviendas fuera de ordenación, Cerdán recogió “todas las sugerencias y dudas de la asociación, así como las alegaciones que han presentado a este borrador”.
Así mismo, durante el encuentro, la socialista recordó el compromiso de los socialistas por “seguir defendiendo los derechos e intereses de las personas que adquirieron viviendas con problemas de regularización en la provincia, sobre todo, en la comarca del Almanzora”.
“Hemos dado tranquilidad a muchas familias sobre las que pesaba una orden de demolición y eran terceros de buena fe”, ha recordado Cerdán. Un trabajo, el realizado por el PSOE, que “no sólo ha beneficiado a almerienses, sino también a personas que se encontraban en la misma situación en otros puntos del país”. Sin embargo, ha dicho, “creemos que podemos hacer más aún” y ha trasladado a AUAN una serie de retos de futuro que se han marcado los socialistas.
Entre ellos, destacan dar una solución a las viviendas que se encuentran en asentamientos dentro y fuera de la provincia y seguir dando seguridad jurídica “a los terceros de buena fe que quieren adquirir una vivienda en este país” y que, ha defendido, “no pueden llevarse sorpresas y ver, posteriormente, que lo que han comprado puede ser demolido, porque desconocían la existencia de un procedimiento administrativo o judicial que no está anotado en el Registro de la Propiedad”.