En 2018, el Grupo Parlamentario insistirá en reclamar al Ejecutivo de Rajoy soluciones en materia de transporte, agua, electricidad y empleo
El Grupo Parlamentario nacional del PSOE de Almería ha hecho hoy balance de lo que ha supuesto para la provincia almeriense el paso del Partido Popular por el Gobierno y ha concluido que “definitivamente, a Almería le sienta mal el gobierno del PP”. Así se ha expresado la diputada nacional Sonia Ferrer, quien ha cifrado en más de 1.000 millones de euros el dinero que ha perdido la provincia de Almería en los seis años de gobierno de Rajoy.
“El castigo del PP a Almería ha sido brutal, en estos últimos seis años se han dejado de invertir 417 millones de euros que estaban presupuestados para el AVE, 100 millones de euros para la línea eléctrica entre Granada y Almería, decenas de millones de euros que no se han invertido en obras hidráulicas, y a esto habría que sumarles los más de 500 millones que hemos perdido en Almería por la injusta financiación que recibe Andalucía; en total, 1.000 millones que se han dejado de invertir en nuestra provincia y que hubieran supuesto la instalación de nuevas empresas e industrias, muchos puestos de trabajo y una notable mejora de nuestra competitividad en sectores como la agricultura, la industria y el turismo”, ha detallado Ferrer.
La diputada socialista ha retado a los representantes del PP en Almería a “que digan alguna inversión en la provincia, algo interesante que hayan conseguido que sea beneficioso para los almerienses, algún compromiso que hayan llevado a la práctica, si es que hay alguno, porque con el minúsculo peso político que han demostrado que tienen, es difícil”. Ferrer también ha cuestionado el “discurso triunfalista del Gobierno” a cuenta de “una supuesta recuperación económica que aquí no ha llegado, porque no ha habido inversiones reales”. “Sólo vemos una parálisis eterna, proyectos atascados desde que el PP gobierna en España, año tras año la misma dejadez con nuestra provincia”, ha añadido.
Del ejercicio 2017, la diputada ha destacado que “Almería ya fue maltratada en los presupuestos, pero peor ha sido su ejecución”, ya que “de los poco menos de 40 millones de euros presupuestados no se ha ejecutado nada”.
Así, Ferrer ha detallado que los Presupuestos Generales del Estado destinaban 2 millones de euros al AVE entre Almería y Murcia –en lugar de los 417 millones que reclamaba el PSOE–, que ni siquiera se han traducido en obras “debido a la decisión que tomó el año pasado el Gobierno de rehacer todos los proyectos que ya estaban terminados y listos para licitarse”. Además, esa falta de inversión en el AVE tampoco “se compensó con dinero para el tren convencional”.
La diputada del PSOE de Almería también ha repasado los incumplimientos en materia de infraestructuras hídricas, destacando los casos de la desaladora del Bajo Almanzora, las conducciones al campo de Tabernas, la ampliación de la desaladora de Carboneras, los encauzamientos de los ríos Antas y Adra, la ampliación de las depuradoras de Adra, El Ejido y Roquetas de Mar o el túnel de la Balsa del Sapo. Ferrer ha criticado asimismo que en 2017 se hayan destinado “cero euros” a la modernización de infraestructuras agrarias o al eje de transporte eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina. “El PP está hipotecando el desarrollo de esta provincia”, se ha quejado.
Iniciativas para 2018
Para el nuevo año, el Grupo Parlamentario del PSOE de Almería volverá a insistir en las asignaturas pendientes que el PP tiene con la provincia y reclamará mejoras en ámbitos de capital importancia para los ciudadanos, como el empleo, la dependencia o la violencia de género.
Según ha detallado el diputado nacional Juan Jiménez, la agenda del PSOE de Almería en el Congreso y el Senado para los próximos doce meses pasará por reclamar “buenas comunicaciones por tierra y aire; que se aseguren los recursos hídricos; capacidad eléctrica para garantizar el suministro actual y futuro; reforzar la seguridad ciudadana; la mejora del empleo y de las prestaciones por desempleo; la derogación de la reforma laboral; el aumento de las partidas destinadas a dependencia; una dotación económica que permita la aplicación del Pacto de estado contra la violencia de género; avanzar hacia la firma de un pacto de estado a favor de la infancia; la aprobación de un plan de industrialización de la provincia; y la aprobación de una financiación justa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.