El PSOE denuncia ante la Junta Electoral que el candidato del PP de Taberno no puede presentarse a unas elecciones ni ejercer cargo público
La secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha exigido al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que “deje ya de presentar a candidatos condenados”, después de que hoy se haya conocido que el candidato del PP de Taberno y actual alcalde, Antonio Martos, ha sido condenado a una pena de siete años de inhabilitación para cargo público e inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Con este caso, son ya tres los candidatos que han sido designados por el Partido Popular en la provincia de Almería para concurrir a las elecciones municipales, “pese a tener condenas por delitos vergonzosos para cualquier representante público, como es la prevaricación urbanística”. Al caso del actual alcalde de Taberno y candidato a la reelección, se suman los de los candidatos presentados por el PP en Fines y Cantoria, sobre los que también pesan condenas por delitos urbanísticos.
Segura ha tachado de “escándalo” que el PP “insista en reírse de los almerienses, nombrando como candidatos a gente que ha delinquido” y ha pedido a Moreno Bonilla “que los retire inmediatamente, si aún le queda algo de dignidad política y si quiere resultar creíble la próxima vez que hable de limpieza democrática”.
Además de pedir públicamente al PP regional que aparte a los candidatos condenados, el PSOE de Almería ha denunciado también ante la Junta Electoral de Zona de Huércal-Overa que el candidato del PP a la Alcaldía de Taberno, Antonio Martos, está inhabilitado por la Justicia para ejercer el derecho de sufragio pasivo, por lo que no es posible que se presente a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Esta denuncia se suma a las que ya interpuso el PSOE ante el mismo órgano contra los candidatos del PP de Fines y de Cantoria, sobre los que también pesan condenas por delitos urbanísticos.
Condena al alcalde de Taberno
La sentencia que afecta a Antonio Martos, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, condena al alcalde y candidato del PP de Taberno a seis meses de prisión, doce meses de multa y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, como autor de un delito de prevaricación urbanística.
La sentencia considera como hechos probados que, en el año 2004, Antonio Martos, que por entonces era concejal y propietario de la inmobiliaria Taberno States, asesoró a una ciudadana belga que quería comprar un terreno y hacerse una casa. Para ello, le vendió una parcela del Paraje de ‘El Cocón’, en la que existía un pequeño cortijo de 57 metros cuadrados, semiderruido y asentado sobre suelo no urbanizable, pese a que Martos conocía que la única actividad legal posible en esta parcela era realizar un proyecto de actuación sobre la vivienda o rehabilitarla sin modificaciones estructurales sustanciales.
La propietaria, asesorada por Martos, decidió demoler la vivienda existente y, sin respetar siquiera la ubicación original, levantó una nueva de más de 189 metros cuadrados. Para realizar estas obras, la propietaria solicitó en 2008 al Ayuntamiento de Taberno una licencia de rehabilitación, que fue aprobada con el voto a favor del propio Martos, quien conocía la ilegalidad de la licencia que se estaba concediendo, según indica la sentencia.
Para el PSOE, resulta “gravísimo” que el PP haya presentado como candidato a la reelección para la Alcaldía de Taberno a una persona que no sólo ha cometido un delito de prevaricación, con condena a prisión, y otro de negociaciones prohibidas, por el que no puede ser condenado porque habría prescrito, sino que legalmente no puede concurrir a ningunas elecciones, al haber sido también condenado a inhabilitación para el sufragio pasivo. Además, en caso de que fuera elegido concejal, Adela Segura advierte de que tampoco podría ejercer, ya que la condena lo inhabilita asimismo para cargo o empleo público durante un periodo de siete años.