La reinterpretación de la historia que ha hecho el Partido Popular durante estos días sobre el Cable Inglés, su protección y las inversiones llevadas a cabo para su restauración, es un ejercicio de cinismo político a la altura de otros relatos hilarantes manejados por los populares, como el extraordinario caso de las tortugas que pararon el AVE o el de las cabras que tiraban piedras a la carretera de El Cañarete hasta inutilizarla.
Uno de los principales derechos de las personas es el de la vivienda. Se trata de un derecho que, a muchos y a muchas, está ocasionando un trastorno mantener porque, al igual que todo lo demás, ha sido sacudido por la crisis sanitaria, social y económica que ha traído consigo la pandemia provocada por el Covid19. Conscientes de las dificultades por las que atraviesan muchas familias en lo más básico y esencial, como es, pagar el alquiler o hipoteca de su casa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un plan de ayudas para la moratoria en el pago de las hipotecas, tanto de viviendas como de locales comerciales, o ayudas para el alquiler.
En plena crisis del coronavirus y en un acto de “trilerismo” político incalificable, el Gobierno andaluz de las derechas nos ha colado, aprovechando la situación tan excepcional que vivimos, un Decreto-ley que modifica 21 leyes y 6 decretos. Esta nueva normativa, que se camufla bajo el título de ‘mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía’, es en realidad una puerta abierta a la ley de la selva, a la desregulación y al desarrollismo desaforado; a la cultura del pelotazo que inventó otro líder popular que recientemente se ha refugiado en Marbella.
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