Juan Antonio Lorenzo

El Gobierno andaluz ha estado derivando dinero público durante dos años a la sanidad privada al margen de la legalidad, sin control ni fiscalización alguna, acogiéndose para ello a un Real Decreto ley ya derogado. Mediante ese procedimiento, la Junta podría haber desviado más de 200 millones de euros a la sanidad privada de manera opaca.

Con Moreno Bonilla vivimos en una campaña electoral permanente. Cada día anuncia medidas que no lleva a cabo y esos días suman ya cinco años en los que no hemos visto nada de nada, ni una sola de sus promesas para nuestra provincia. Mucho me temo que acabará esta legislatura siguiendo los pasos de su compañero Mariano Rajoy, actual número uno en el ranking, ya que estuvo ocho años sin mover un dedo por Almería y con la complicidad de sus palmeros y compañeros del PP provincial.

Defender la igualdad entre hombres y mujeres es un signo de salud y de calidad democrática y es una cuestión, además, en la que no caben medias tintas, titubeos ni juegos de palabras. Defender la igualdad es promover la suma de derechos civiles que robustecen los estados de derecho porque un país donde el 50% de su población no ve garantizado su derecho a la salud, a la seguridad o la integridad es un país que ve claramente deteriorada su cartera de libertades. Por este motivo, no hay que olvidar que los derechos que afectan a las mujeres comprometen la calidad de las democracias.

Todos los andaluces y andaluzas hemos tenido claro desde el 28 de febrero de 1980 que aquel referéndum debía servir a una gran causa común: construir una Andalucía donde se garantizara la igualdad de oportunidades, sustentada en el acceso a una educación y a una sanidad pública de calidad, el impulso de nuestros sectores productivos o en el desarrollo de las grandes infraestructuras que habrían de equipararnos al resto de España.