Juan Antonio Lorenzo

La sociedad andaluza ha emprendido una lucha que no tiene vuelta atrás y que, además, es de justicia: la defensa de la sanidad pública. Las movilizaciones que en este sentido se vienen produciendo en las últimas semanas son una buena prueba de ello y anticipan uno de los frentes en los que se van a dirimir las próximas elecciones en Andalucía. A todos los andaluces y andaluzas nos va a tocar elegir entre un modelo de servicios públicos de calidad o aquel en el que hay que tirar de tarjeta, pero no de la del SAS, sino de la de crédito.

Alcaldes y presidentes de Diputaciones del Partido Popular se plantaban hace unos días en Bruselas para poner en escena un nuevo capítulo del vodevil que han montado con el reparto de los fondos de la Unión Europea para la recuperación. El alcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández Pacheco, y el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, decidieron unirse al grupo de teatro y perder, de este modo, un valioso tiempo que podían haber empleado en impulsar proyectos competitivos, en lugar de ponerse en evidencia.

En junio de 2018, Mariano Rajoy dejó la Presidencia del Gobierno como consecuencia de la moción de censura que registramos los socialistas tras conocerse la sentencia del Caso Gürtel y la trama de corrupción de la que se benefició el Partido Popular. Rajoy ponía fin, de esa manera, a casi ocho años en el poder que fueron desoladores para Almería en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en lo económico y en lo social.

No deja de sorprenderme la facilidad con la que algunos se declaran recelosos de que las obras del Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia vayan a finalizar en las fechas anunciadas. Y no es que considere que dudar no sea legítimo, pero me llama la atención que esa incertidumbre haya aparecido cuando se han licitado, adjudicado y comenzado unas obras cuyo coste asciende en este momento a más de 1.100 millones de euros.