Sonia Ferrer Tesoro

Se puede decir más alto, pero no más claro: 11.000 millones para empresas, pymes y trabajadores autónomos que se suman al resto de ayudas del plan Marshall europeo para salir de la crisis generada por la pandemia. Ese era el mensaje que las pymes necesitaban, lo que no terminaban de oír y que ahora queda claro, porque las empresas y con ellas sus trabajadores, necesitan saber cuál será el horizonte. Hablamos de pintar el futuro inmediato y de qué manera podrán reengancharse al ritmo de trabajo que este año ha ido entre parones y acelerones. Y ese es el mensaje que necesitaban escuchar, y lo sé porque en las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar con representantes de diferentes colectivos, desde la Cámara de Comercio a Asempal y, sobre todo, con alcaldesas y alcaldes de pueblos que necesitan saber cómo saldrán adelante las microempresas de su entorno, en qué medida podrán optar a las ayudas del plan de resiliencia.

Hay un dato, muy importante, que con esto de la pandemia, la velocidad de contagio y la inseguridad que la gestión de la Junta de Andalucía está creando entre la población pasa desapercibido, y es precisamente que estamos adaptándonos a la nueva situación social, eso si, con la esperanza de que la vacunación masiva proporcionada por el Gobierno de España en coordinación con la UE ponga de una vez fin a esta pesadilla. Ese dato concreto es que nueve de cada diez personas afectadas por un ERTE en la provincia de Almería se han reincorporado al mercado laboral. Y lo han hecho gracias a algo que nunca antes se había dado en este país.

Parece que el ruido de fondo que se ha generado con la nueva ley de educación LOMLOE, popularmente conocida como ley Celaá, tiene como principal objetivo que no se sepa lo que cambia, lo que realmente aporta al sistema o más bien lo que repara de un sistema que no aporta precisamente en estos momentos unos resultados de los que podamos presumir.