Martín Gerez no cree casual que la concejala del PP, Belén Carnicer, que recibe retribuciones de la empresa, desista ahora del contencioso administrativo que interpuso contra el ayuntamiento cuando estaba en la oposición por un acuerdo relacionado con la empresa mixta de agua
El Grupo Municipal Socialista de Vera ha acusado al equipo de gobierno del PP local de autorizar una “imprudente” operación de endeudamiento a Codeur con el fin de “garantizarse su paz social” en la empresa mixta de agua “a costa del dinero de los veratenses”.
El portavoz del PSOE, Martín Gerez, ha recordado que “eran conocidos los litigios judiciales entre el propietario del minoritario paquete accionarial que la sociedad ha adquirido como autocartera y varios dirigentes locales del PP, derivados de sus enfrentamientos en el mandato municipal 2011 a 2015 en los que el PP gobernó el Ayuntamiento”.
“Aunque no sabemos nada, podemos imaginar que algunos o todos esos litigios habrán quedado cancelados con la ruinosa operación de compra de acciones mediante el asfixiante endeudamiento de la sociedad e, insistimos, el aval municipal, que en caso de dificultades financieras tendrá que asumir el riesgo”.
Como ejemplo, Gerez inició su intervención ayer en el Pleno dando cuenta de que la concejala del PP, Belén Carnicer, ha desistido en el contencioso administrativo que, “estando en la oposición en el mandato anterior presentó junto a otros concejales de su grupo contra un acuerdo de Pleno relacionado con otro asunto de Codeur”.
“La referida concejala, ha recordado el portavoz socialista, además de un jugoso sueldo municipal de 3.500 euros, desde julio de 2019 percibe todos los meses otros 1.000 como miembro del consejo de la empresa mixta municipal, igual que sus otros tres compañeros que también son consejeros municipales del PP local y por supuesto igualmente cobran del Ayuntamiento”.
Cabe recordar que la operación de compra de acciones, con un coste directo de 1.632.652,96 euros va a suponer además un mínimo de 144.000 euros sólo en intereses y comisiones en los ocho años de duración.
De este modo, va a suponer una carga anual mínima de 222.000 euros durante ese tiempo, más de lo que ganó la propia sociedad en 2019. La operación de autocartera legalmente habrá de deshacerse en un máximo de cinco años, y en ese momento, la sociedad deberá contabilizar la pérdida que pueda aflorar al reducir el capital o si vende y se hace por menos dinero, como referencia ese paquete accionarial hoy a valor contable estimamos valdría ocho veces menos.